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México conmemoró ayer con marchas y protestas en distintos puntos del país el primer aniversario de la desaparición de 43 estudiantes, cuyo destino todavía se desconoce con certeza. El caso se ha transformado en un emblema de la violencia endémica que sufre el país, donde el delito violento produce miles de muertes por año y las drogas mueven decenas de miles de millones de dólares.

Los padres y familiares de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa encabezan los actos centrales en Ciudad de México, una manifestación que partió a mediodía de la sede de la Presidencia de la república, y en la que miles de personas volvieron a exigir al gobierno que “haga justicia” en un caso que conmocionó dentro y fuera del país y fue un ejemplo cabal de la complicidad activa entre autoridades locales y la delincuencia organizada. “Es importante que todos estemos aquí para decir que estamos indignados, que queremos un cambio, acceso a la justicia y cero violaciones a los derechos humanos’’, dijo Mariana Cervantes, una psicóloga embarazada y acompañada de su hijo de siete años.

Las banderas de México en blanco y negro se mezclaban con las fotos de los desaparecidos, los reclamos de justicia y el número 43, sinónimo de tragedia. “Ayer fueron sus hijos, mañana, Dios no lo quiera, pueden ser los míos, o mis nietos’’, señalaba Socorro Rodríguez, un ama de casa de la capital. “Los padres de los desaparecidos deben saber que no están solos’’. María Guadalupe Vivencio, una mujer del norteño estado de Tamaulipas, dijo entender el dolor porque tiene tres familiares muertos. Apoyar a los padres de Ayotzinapa “es un ejemplo para que los demás mexicanos despierten y no callen’’. En estados como Guerrero y Michoacán hubo protestas previas esta semana.

El 26 de septiembre de 2014, policías municipales capturaron a los estudiantes que habían llegado a la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, para tomar unos autobuses y viajar a la capital del país. Los estudiantes robaron los buses, lo que habilitó a los policías municipales a detenerlos. Pero luego los entregaron a una banda de narcos que domina en Iguala. Según la versión oficial, los narcos creyeron que los estudiantes eran miembros de una facción enemiga, y los mataron e incineraron.

Pero según el dictamen de un grupo de expertos internacionales, el ataque fue “desproporcionado y coordinado”, mientras fuerzas federales monitorearon los hechos sin prestar ayuda a las víctimas. El grupo de investigadores senteció que se violaron los derechos humanos de 180 personas, entre las cuales hubo seis asesinados y los 43 estudiantes desparecidos.

 Naciones Unidas, la Iglesia Católica, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y senadores estadounidenses, hicieron pública su “preocupación” por la falta de avances en la investigación y solicitaron al gobierno mexicano que esclarezca el caso, máxime después de que el informe de los expertos internacionales desechó la versión oficial. La fiscalía, sin embargo, mantiene su versión original, que asegura que los 43 estudiantes fueron calcinados en un basurero. Pruebas de ADN permitieron identificar a uno de ellos.

Pero las conversaciones sobre un nuevo y más beneficioso régimen fiscal de Cataluña deberían arrancar después de las comicios generales de diciembre próximo. También están previstas discusiones sobre el alza del gasto del gobierno central en proyectos de infraestructura. Dependiendo de qué partido o partidos gobiernen en Madrid después de las generales de fin de año, incluso podría haber un cambio constitucional que podría incluir el reconocimiento de Cataluña como nación dentro del Estado español. “La gente dice que quiere que las cosas cambien en Cataluña pero ni quiere la independencia ni cree que ésta sea posible”, afirma Josep Borrell, ex ministro por el socialismo y presidente del Parlamento Europeo. “Sólo quieren estar en posición de fuerza para negociar con el gobierno”.

Fuerte disenso. Las consecuencias económicas de una hipotética secesión han dado para muchos debates. Los separatistas sostienen que Cataluña, una región rica que se basa en el turismo y una red de empresas innovadoras, se convertiría en la economía más competitiva en el sur de Europa si se independiza. También dicen que sus ingresos fiscales, una parte de los cuales se transfieren actualmente a las regiones españolas más pobres, aumentarían en 12.000 millones de euros, lo que permitiría al nuevo Estado proporcionar una mejor atención social a sus habitantes.

El gobierno central de Madrid sostiene que la independencia catalana significaría una salida automática de la región independentista de la zona euro y el fin de los acuerdos comerciales internacionales, y provocaría además una fuga de capitales y recesión económica. El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, dijo que se destruirían cerca de 700.000 puestos de trabajo en Cataluña, disparando la tasa de desempleo al 37%.

Bendición para la economía. Hipotéticas concesiones fiscales o en obras de infraestructura sin duda serían una bendición para la economía local y también podría facilitar el camino hacia una reconciliación un nuevo marco legal que protegiese mejor los poderes regionales de la interferencia nacional. Las conversaciones entre Madrid y Cataluña el próximo año dependen en parte de la voluntad de los políticos catalanes para negociar. Pero mucho dependerá también de la composición del próximo gobierno central.

Según las encuestas de preferencia electoral, se necesitarán los votos de al menos dos partidos, probablemente incluso tres, para constituir un gobierno en Madrid tras las elecciones de diciembre. La fragmentación de la hipotética coalición de gobierno podría reducir la capacidad de alcanzar acuerdos por consenso. “La cuestión es: ¿Está el Estado en posición de hacer una reforma de gran calado que haga que España sea de nuevo atractiva? Lo veo difícil”, explica Lluis Orriols, doctor en políticas por la Universidad de Oxford y actualmente profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

Exageraciones. Algunos empresarios de la región no tienen problema en expresar su visión del conflicto. Josep Bou, un orgulloso catalán que no aprendió a hablar español hasta los cuatro años y tiene 13 panaderías en Cataluña, dice que está a favor de negociar un trato fiscal mejor para Cataluña pero que está en contra de la secesión.

Bou no cree que la economía catalana estaría mejor en un Estado independiente. También considera que se están exagerando las divisiones entre los catalanes y el resto de España. Esta postura no le ha hecho ganar popularidad entre sus amigos... ni entre sus clientes. “Alguna gente dejado de comprar el pan en mis tiendas. Me han llamado «mal catalán» y «traidor». Enfrentarse al poder es complejo”.

En Olot, Xavier Espuña manifestó que no le preocupan las divisiones. En lo que a sus jamones y otros productos se refiere, los clientes extranjeros los consideran españoles, no catalanes. “Vendemos en toda España. Afuera nos compran como producto típico español”.