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El juez Ariel Lijo consideraba en noviembre pasado a Nicolás Ciccone y a su yerno Guillermo Reinwick como testigos en el caso de la compra de la imprenta de papel moneda. En sus declaraciones de diciembre pasado, Ciccone y Reinwick pusieron a Amado Boudou en el centro de las negociaciones para la adquisición de la compañía.

La defensa del vice primero y el fiscal del caso Jorge Di Lello después, pidieron que Ciccone y Reinwick fueran indagados. Para el fiscal formaron parte de la maniobra. Cuando un imputado declara en indagatoria no está obligado a decir la verdad. En cambio, cuando alguien declara como testigo sí debe hacerlo.

Lijo, según se desprende del llamado a indagatoria del vicepresidente, revisó esa situación y citó como imputados a Ciccone y Reinwick. También, por supuesto, a Boudou, su socio José María Núñez Carmona, su empleado Alejandro Vandenbroele y un funcionario de la AFIP, Rafael Resnick Brenner.

El enfoque de Lijo, similar al del fiscal, establece que los Ciccone le habrían pagado con el 70 por ciento de las acciones de la compañía a Boudou para que hiciera -como ministro de Economía- todo lo posible para mantener en pie a la empresa. Esto podría cambiar la calificación del hecho.

Hasta ahora Boudou estaba investigado por negociaciones incompatibles con la función pública. Porque se interesó como funcionario en la suerte de una empresa que -según Lijo- estaba manejada por su círculo cercano y de negocios. El Código Penal establece en su artículo 265 que "será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".

Pero con la hipótesis de que los Ciccone fueron a buscar a Boudou para que les solucionara los problemas a la empresa a cambio de las acciones, se podría encuadrar en el delito de cohecho. En ese delito hay una parte que ofrece y otra que recibe algo para hacer una cosa prohibida o contraria a su función. Hay un encuadre para el funcionario público y quienes lo ayuden a hacer algo contrario a su función o incidiendo en otro. En este caso, Boudou, que era ministro de Economía, y quien fuera Jefe de asesores de AFIP, Rafael Resnick Brenner, serían penados como funcionarios públicos. Y José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, por su connivencia con los funcionarios, estarían en la misma categoría.

A ellos se les podría aplicar el artículo 256 que señala que "será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones". O el 256 bis, que establece que "será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva, o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones"

El delito de cohecho tiene dos caras: una la que castiga al funcionario y la otra al privado. En este caso Ciccone y Reinwick estarían abarcados por lo establecido en al artículo 258, que dice que "será reprimido con prisión de uno a seis años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo y 257, la pena será de reclusión o prisión de dos a seis años. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez años en el segundo"

Cuando llamó a indagatoria a Boudou, Lijo describió la situación de cohecho de la siguiente manera: "Boudou habría aportado su condición de funcionario público y Núñez Carmona habría realizado, como privado, aquello que Boudou no podía, justamente por su cargo. En razón de que el Ministro de Economía no podía adquirir el monopolio de la producción de billetes, y que Núñez Carmona tampoco podía hacerlo debido a su pública relación con él, asignaron a Alejandro Vandenbroele ese rol, quien ya actuaba como representante de la firma The Old Fund.

En este sentido, para negociar la adquisición de la empresa, Boudou y Núñez Carmona se habrían reunido, al menos, en dos oportunidades con los dueños de la firma "Ciccone Calcográfica" (una en Telefe el 29 de julio de 2010 y otra posterior en eI Fresh Market el 1 de septiembre de 2010). A su vez, Núñez Carmona y Vandenbroele se habrían reunido, al menos, en tres oportunidades (una en Bice, y dos en el Hotel Hilton). Como conclusión de esas reuniones, el 1 de septiembre de 2010, The Old Fund –firma de capitales extranjeros— adquirió la mayoría accionaria de la firma "Ciccone Calcográfica". El acuerdo consistió en la cesión del 70% de la empresa —incluidos los títulos de créditos de varios acreedores—, a cambio del levantamiento de la quiebra, de la aprobación del plan de pagos de la deuda fiscal, de la inyección de capitales para recuperar su productividad y del pago de 50.000 dólares mensuales a cada uno de los dueños originales por el know how."