"Esta es la decisión de la Corte provincial, pero todavía queda la posibilidad del recurso extraordinario a la Corte de la Nación", explicó el presidente del cuerpo, Antonio Estofan, al anunciar el fallo.
Una vez que las partes sean notificadas, caerá la medida cautelar impulsada por Romero Lascano y Piedrabuena (adhirió al planteo del primero) pero queda abierta la siguiente instancia a nivel nacional, explicó Estofán.
Los jueces cuestionaron la conformación del Jury de Enjuiciamiento por considerar inconstitucional la acordada de la CSJT, que designó a los vocales Daniel Posse y René Goane para el jury, porque ambos formaban parte del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
"Esta es la decisión de la Corte provincial, pero todavía queda la posibilidad del recurso extraordinario a la Corte de la Nación"
Antonio Estofan, presidente de la Corte Suprema provincial En igual sentido se pronunciaron contra el decreto del Poder Ejecutivo (PE), que nombró como su representante en el Jurado al fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa.
El proceso de destitución contra Piedrabuena y Romero Lascano fue suspendido debido a una resolución judicial dictada en abril pasado que hizo lugar al pedido de los magistrados.
La medida fue acatada por los integrantes del Jury de Enjuiciamiento y a partir de ese momento se detuvo el proceso que comenzó por una presentación de Susana Trimarco luego del polémico fallo que absolvió a los imputados en el juicio por el secuestro y desaparición de su hija.
En diciembre pasado, tras una década de instrucción, la causa "Marita" llegó a juicio oral y tras varios meses de testiomonios, los jueces Piedrabuena, Romero Lascano y Herrera Molina absolvieron por unanimidad a los 13 acusados, por faltas de pruebas.
Si bien la denuncia afectaba a los tres integrantes del tribunal, Herrera Molina quedó al margen del proceso ya que finalmente se aceptó su pedido de renuncia para iniciar los trámites de la jubilación debido a una enfermedad.
Trimarco denunció a los magistrados en la comisión de Juicio Político de la Legislatura, que dio vía libre a la acusación con el voto de la mayoría de sus integrantes.
Tras esto, el expediente debía pasar al Jurado de Enjuiciamiento integrado por representantes de los tres poderes del Estado y de los abogados matriculados.
Sin embargo, Romero Lascano acudió a la Justicia para objetar los actos de integración de ese cuerpo incorporado a la Constitución durante la reforma de 2006 y logró frenar el proceso.
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