El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha condenado al senador Ivo Cassol, del conservador Partido Progresista (PP), a cuatro años y ocho meses de cárcel por corrupción. Es la primera vez en la historia de este país que la Alta Corte condena a ir a prisión a un miembro de la institución que representa a los 27 Estados de la República.
El senador de todos modos cumplirá la pena en régimen abierto. Cassol, acusado de fraude de licitaciones cometido entre 1998 y 2002, deberá pagar también una multa de 201.000 reales (88.000 dólares). El Supremo ha dejado en manos del Senado la decisión de permitir o no la continuidad del político en su cargo.
Algo parecido está ocurriendo con dos diputados del Partido de los Trabajadores (PT), Eduardo Cunha, expresidente del Congreso y José Genoino, expresidente del PT, ya condenados a varios años de cárcel por el Supremo en el caso del mensalâo, un asunto de corrupción que sacudió a Brasil, y que continúan ejerciendo sus funciones en el Parlamento hasta que se dilucide si pierden o no automáticamente el mandato que recibieron a través del voto popular.
La condena del senador Cassol ha tenido lugar 40 días después que el Supremo mandara detener, también por primera vez en la historia, a un diputado: Natan Donadom, del conservador PMDB.
El senador condenado ya ha hecho saber que “no renunciará a su cargo”, ya que recibió el mandato de sus electores de Rondonia. El suplente en la Cámara Alta es su propio padre, Reditário, conocido por haber defendido que los presos que se nieguen a trabajar deberían poder recibir castigos corporales, como latigazos.
La condena al senador Cassols llega tras 14 años de proceso. Él afirma que recurrirá la sentencia a pesar de que las condenas del Supremo no comprenden ningún tipo de apelación, son definitivas y el Supremo lo condenó por diez votos a favor y cero en contra. Hoy los comentarios de prensa destacan que las protestas callejeras están teniendo sus primeros efectos. Hasta la fecha, nunca un miembro del Congreso había sido condenado a la cárcel.
Este lunes se entregó la primera notificación, por un total de 6.024.944 pesos, a una de las “más de 70 personas identificadas en 58 hechos”, según detalló el ministro Pablo Cococcioni.