El diputado nacional Juan Carlos Zabalza, presidente del bloque socialista en el FAP, requirió hoy ante el Consejo de la Magistratura la apertura del procedimiento para la destitución del juez Norberto Oyarbide.
Zabalza, acompañado por los diputados Margarita Stolbizer, Alicia Ciciliani, Ernesto Martínez, Victoria Donda, Graciela Villata, Elida Rasino, Omar Barchetta y Omar Duclós, solicitaron que se destituya al juez Oyarbide por las graves irregularidades cometidas en la causa “Schoklender”, donde se investiga el presunto desvío de fondos en las obras financiadas por el Estado Nacional, en el marco del ‘Convenio Único de Colaboración y Transferencia’ suscripto entre diversos municipios y el Ministerio de Planificación Federal, que eran ejecutadas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Las irregularidades en la tramitación de la causa dieron lugar a que la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, haya criticado duramente la pesquisa llevada a delante por el juez y consecuentemente haya declarado la nulidad de todos los procesamientos dispuestos por el Dr. Oyarbide.
En la denuncia presentada se hace mención a que esa misma Cámara Federal ya había señalado, en noviembre de 2011, que “la ausencia de racionalidad en la búsqueda de información conspira contra el éxito de la pesquisa”.
Zabalza remarcó que el juez, a pesar del llamado de atención de la Cámara en el 2011, continuó sin pesquisar el origen y destino de los fondos, por lo cual la Cámara, al declarar las nulidades sostuvo que “Si el objeto procesal de estas actuaciones consiste en establecer el posible desvío de los fondos que el Estado Nacional habría remitido a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales, en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas, la columna vertebral de la pesquisa debe ser, precisamente, el seguimiento de esos fondos.”
El Consejo de la Magistratura deberá ahora analizar si se trató sólo de una manifiesta arbitrariedad en el proceso de investigación o, atento la gravedad de los hechos y los antecedentes del caso, se oculta un delito de mayor gravedad.
El Dr. Noberto Oyarbide, según las propios términos de la reciente resolución de Cámara, se ha transformado en un obstáculo para la averiguación de la verdad, motivo por el cual, a pesar de las miles de fojas contenidas en la causa, todavía no se conoce el origen y el destino de los más de 750 millones de pesos que el Gobierno Nacional destinó a diversos distritos para financiar proyectos de viviendas ejecutados por la fundación.
Este lunes se entregó la primera notificación, por un total de 6.024.944 pesos, a una de las “más de 70 personas identificadas en 58 hechos”, según detalló el ministro Pablo Cococcioni.