El Gobierno envió al Congreso los primeros lineamientos de lo que será el proyecto de Presupuesto 2014 y, en ese marco, les recordó a las provincias que a fin de año vence el plazo de gracia otorgado en el Plan de Desendeudamiento Provincial, por lo que a partir del año próximo deberán empezar a pagar intereses y capital de los pasivos reprogramados en 2010.
De todas maneras, existen grandes posibilidades de que la Nación extienda nuevamente ese plazo, ya que muchas jurisdicciones están ahogadas financieramente, reconocieron varias fuentes provinciales.
El Gobierno evalúa dos opciones: extender de forma generalizada el período de gracia por uno o dos años más, como lo hizo en 2011, o regresar a los Programas de Financiamiento Ordenado (PAF), que Nación negociaría y firmaría con cada provincia individualmente. En vistas del escenario político actual, y de cara a la pelea que se dará en 2015, algunos analistas se inclinan por esta alternativa, que le permitiría al Gobierno realizar un manejo más discrecional del financiamiento para cubrir deuda.
De acuerdo con un informe de la Asociación de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), “la posibilidad de acceder a un año más de gracia es central para buena parte de las jurisdicciones” y “será un punto crítico de negociación entre el gobierno nacional y los provinciales desde ahora hasta la presentación del Presupuesto”, el 15 de septiembre.
En el informe que presentó al Parlamento, el Ministerio de Economía, que lidera Hernán Lorenzino, precisó que durante 2012 las provincias continuaron beneficiadas por la ampliación del período de gracia, lo cual implicó una reducción de las necesidades financieras del conjunto de las provincias por un monto equivalente al 0,51% del PBI.
El Tesoro otorgó préstamos por $ 3.026 millones para cubrir pago de servicios de deuda remanentes y déficit de las tesorerías provinciales. Además, algunas –las más grandes– emitieron deuda para cubrir sus gastos corrientes y también para destinar a la obra pública.
Durante el 2013, las jurisdicciones registran una disminución de sus necesidades financieras por los menores servicios de deuda derivados de la vigencia del plazo de gracia, lo cual “brinda solvencia en el presente escenario fiscal”, precisa el informe, al agregar que, en este contexto, “se prevé que sólo algunas jurisdicciones accederán al endeudamiento o a la asistencia financiera de Nación para la atención de gastos que no consigan sostener con recursos propios o que no encuentren fuentes financieras alternativas”.
Pero el documento no hace referencia alguna a la posibilidad de prorrogar el plazo de gracia del plan de refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Nación. Sólo hace mención a que en 2014 “se mantendrá el programa, que implicó una reducción del stock de deuda provincial elegible mediante el uso de los ATN y la reprogramación en condiciones más favorables (20 años de plazo y 6% de tasa de interés)”.
La deuda reestructurada de las provincias asciende a $ 65.500 millones e incluyó la deuda que las jurisdicciones tenían con Nación en concepto de los títulos Bogar 2018 –del canje de deuda provincial–, Boden 2011 y 2013 –del canje de cuasimonedas– y Programas de Asistencia Financiera (PAF) entre 2005 y 2009.
Todas las provincias participaron del programa, con la excepción de La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este lunes se entregó la primera notificación, por un total de 6.024.944 pesos, a una de las “más de 70 personas identificadas en 58 hechos”, según detalló el ministro Pablo Cococcioni.