Las comunidades bajaron su déficit del 3,3% al 1,8% del PIB en 2012. Fue la primera vez que lo lograron en la crisis, y también el primer año de vigencia de Ley de Estabilidad Presupuestaria. La norma del Gobierno del PP permite vigilar más de cerca la evolución de las cuentas autonómicas, e incluye “medidas coercitivas” que van hasta la intervención. Pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que no es suficiente. Reclama un reglamento disciplinario que permita sacar “tarjeta roja” a una comunidad —bastarían tres meses seguidos de incumplimiento— y aplicar así la máxima sanción: el envío de hombres de negro del Ministerio de Hacienda para hacerse cargo de las cuentas autonómicas.
En un anexo al último informe del FMI, publicado la semana pasada, los técnicos del Fondo minimizan el impacto de la Ley de Estabilidad. “Desempeñó un papel pequeño en los logros fiscales de 2012”, aseguran, tras criticar que “no se aplicaron las sanciones y advertencias que prevé” la ley.
El FMI relaciona el ajuste autonómico de 2012 con las durísimas condiciones financieras que sufren las comunidades, lo que convirtió al Gobierno central, con más capacidad para endeudarse, en la única ventanilla abierta. A cambio de sus inyecciones de liquidez, Hacienda logró una baza ganadora para exigir el cumplimiento de objetivos presupuestarios. “La vigilancia se hizo entre bambalinas”, lamentan los expertos del Fondo, que plantean “mecanismos” para asegurar la aplicación automática de la ley, sin margen a la negociación política.
Si se enlazara un segundo mes de desvío del objetivo de déficit, entraría en escena la “advertencia formal”, lo que equivaldría a una “tarjeta amarilla”, según los términos que usa el Fondo. De forma automática, el Gobierno podría ordenar “subidas de impuestos y recortes de gastos”, como permite la ley. Si la comunidad no acata, y el desfase se mantiene en el tercer mes, habrá “tarjeta roja” y Hacienda debería enviar a sus hombres de negro para sustituir a los gestores autonómicos.
En el polémico reparto asimétrico del déficit autonómico de 2013, Hacienda asignó a cinco comunidades (tres del PP) un desfase presupuestario superior al objetivo inicial (-1,3%), pese a haber incumplido el objetivo el año anterior. Madrid (PP), que sí cumplió, acusó al Gobierno de dejar la Ley de Estabilidad “en papel mojado”.
El FMI plantea que la mejor manera de evitar tensiones políticas es adjudicar a la Autoridad Fiscal la función de detectar cuándo una comunidad se desvía y aplicar de forma automática mecanismos de sanción.
Pero el Fondo cree que el proyecto de ley de la Autoridad Fiscal no garantiza su independencia. Exige un mandato de cinco años (no de tres, como plantea el Gobierno) para el presidente y que se le de un estatuto de independencia “similar al del Banco de España”. La alternativa es rebuscada: “una entidad independiente, dependiente del Banco de España”.
Ahora, cuando una comunidad se desvía del objetivo de déficit un año, debe elaborar un plan de reequilibrio, que se vigila trimestre a trimestre. El Fondo plantea aquí un mecanismo similar, que precisa lo recogido en la ley. Al primer trimestre de incumplimiento, “tarjeta amarilla”, lo que debería llevar a la comunidad a recortar gastos y subir impuestos. En el segundo trimestre, si no hay enmienda, vendrá la “tarjeta roja”, la controvertida intervención.
El Fondo reserva a la Autoridad Fiscal Independiente, aún en ciernes, un papel estelar. Porque no sería Hacienda, sino este comité de expertos, el que alertaría de los desvíos mensuales o trimestrales. El FMI cree que, así, se reducirían tensiones entre la Administración central y las autonómicas por la aplicación de la ley. Y que sus “tarjetas amarillas”, harían innecesaria la intervención salvo “en circunstancias extremas”.
Este lunes se entregó la primera notificación, por un total de 6.024.944 pesos, a una de las “más de 70 personas identificadas en 58 hechos”, según detalló el ministro Pablo Cococcioni.