La Cámara Nacional Electoral -a través del juez Dr. Santiago H. Corcuera- firmó este lunes un convenio de colaboración con el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay -Dr. Alberto Ramírez Zambonini-, con la finalidad de intercambiar información electoral y adoptar medidas conjuntas con relación a la migración irregular de electores en áreas de frontera entre los dos países. El objetivo es impedir que sufraguen personas que no se encuentren legalmente habilitadas para hacerlo.
Ese acuerdo, que permitirá -entre otras cosas- el entrecruzamiento de los padrones electorales para detectar casos de doble empadronamiento o de inscripción irregular, así como también fiscalizar la migración electoral durante el día de los comicios, se suma a varias acciones que la Justicia Nacional Electoral viene llevando a cabo en los últimos años para prevenir o, en su caso, sancionar la comisión de irregularidades en las elecciones en Formosa.
También se ha trabajado para resguardar el voto de los electores integrantes de las comunidades indígenas de la región.
Asimismo, la Cámara Electoral autorizó y reglamentó el acompañamiento cívico y monitoreo del proceso electoral por parte de organizaciones de la sociedad civil, lo que posibilitó que la Asociación de Médicos de la República Argentina (A.M.R.A.) denunciara la existencia de una elevada cantidad de ciudadanos de nacionalidad paraguaya que habrían votado en la Provincia de Formosa en las elecciones nacionales del 23 de octubre de 2011.
En virtud de esa presentación, la Cámara Nacional Electoral dispuso, a principios del año 2012, la instrucción de actuaciones penales para la investigación de los hechos denunciados.
En ese marco, el Juzgado Federal con competencia electoral de Formosa requirió la colaboración de Gendarmería Nacional con el objeto de constatar los domicilios de los individuos incluidos en dicha nómina, que se redujo -luego de depurar la lista- de 10.000 denunciados a 890. Al mismo efecto, se libró oficio a las empresas concesionarias de los servicios de agua y energía eléctrica de la Provincia a fin de establecer si las personas incluidas en la lista en cuestión son usuarios de esas prestadoras.
En la causa en la que se investiga la retención indebida de documentos de identidad a miembros de comunidades indígenas de la localidad de Juárez, se dispuso el procesamiento de los señores Cristino Vidal Mendoza, Francisco Roberto Mendoza, Bienvenido Helguera y Alicia del Valle Nacif por el delito tipificado por el art. 137, in fine, del Código Electoral Nacional. En junio del año 2012, el fiscal federal solicitó la elevación a juicio de los cuatro imputados y, en virtud de ese requerimiento, el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa resolvió elevar la causa, sin haberse determinado aún la fecha para el juicio oral.
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