El fiscal Guillermo Marijuán impulsó una investigación para determinar si el vicepresidente Amado Boudou y Diego Bossio -como directores ejecutivos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS)- cometieron los delitos de administración fraudulenta y malversación de caudales por haber derivado los fondos de los jubilados a diversas actividades como el financiamiento del “Fútbol para Todos”(FPT).
El fiscal le dio curso a la causa judicial a mediados de diciembre, pero la información trascendió recién durante la feria de enero. El caso se inició por la denuncia de 64 jubilados que fueron representados por el abogado Fabián Bergenfeld. La causa está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
Marijuán es el mismo fiscal que en los últimos meses tomó dos medidas que favorecieron la situación judicial del vicepresidente. (Ver Perfil) Ahora pidió a la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social que le informe al juez si hubo reuniones o debates en ese ámbito donde se discutiera la afectación de fondos de los jubilados a otras actividades como la compra de electrodomésticos, el aporte al programa “Automovilismo para Todos” y algunos subsidios específicos, además de “Fútbol para Todos”.
Es que los jubilados plantearon en su denuncia que los fondos previsionales se usaron por fuera de la Ley 26.425 que, desde la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y rige el modo de manejar los recursos.
Todo los recursos del sistema previsional pasaron al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto. Los denunciantes aseguran que destinar el dinero a financiar -por ejemplo- el “Fútbol para Todos”, está fuera de lo permitido por artículo 8 de la Ley que dice que “La totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino”. En ese mismo artículo se agrega que “el activo del fondo se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados…”.
Los jubilados que presentaron la denuncia señalan que mientras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la Ley que permitía la aplicación del 82 por ciento móvil a los haberes jubilatorios deriva fondos a otras cuestiones.
La denuncia explica que: “Sin embargo ocurrió lo previsible: el Poder Ejecutivo dio vuelta la espalda a lo resuelto en consonancia por los Poderes Judicial y Legislativo, vetando la aludida ley en uso de una facultad constitucional que debe utilizarse con un criterio restringido. Y ¿cuál fue el fundamento brindado a la sociedad por el Poder Ejecutivo al vetar la ley? Que el sistema jubilatorio entraría en colapso porque los fondos que maneja la ANSeS resultarían insuficientes. Entonces, en lo que constituye una verdadera burla a toda la sociedad y en particular a nuestros derechos, se acentuó gravemente la dilapidación de fondos por parte de ese organismo. Así, mientras se veta una ley para evitar el supuesto colapso del sistema, se lo sigue saqueando con fines espurios, sea para cubrir al exacerbado gasto público o tan solo con intencionalidades políticas”, señala la denuncia. La causa ya fue impulsada, será la Justicia la que determine si los fondos se usaron por fuera de la Ley.
Habitualmente descartadas tras el uso, pueden convertirse en aliadas inesperadas del reciclaje doméstico