Otro round de la pelea de Córdoba contra la Nación continuó este miércoles con una orden del gobierno de José Manuel De la Sota de clausurar un predio donde se estaba por terminar de instalar una antena transmisora para brindar Televisión Digital a la localidad Río Cuarto.
La antena, que mide más de 120 metros de altura y fue construída con tecnología de última generación por la empresa estatal Invap para otra compañía del Estado como es ArSat, se encuentra emplazada en terrenos de la empresa provincial de electricidad, Epec, producto de un convenio firmado por el propio De la Sota con ArSat hace menos de un año.
Pero por la mañana, funcionarios de la Secretaría de Ambiente provincial irrumpieron en el lugar y con asistencia de la policía local impidieron el trabajo de los operarios contratados por el Gobierno nacional. El titular de esa cartera, Federico Bocco, justificó la intervención porque según dijo, "el montaje es ilegal" ya que la Nación no habría presentado los estudios ambientales requeridos.
En la puerta del predio de Epec, se colocaron fajas de clausura con carteles que esgrimen la leyenda: "Campo en infracción. Área clausurada". En el mismo cartel se aclara: "Prohibida la continuidad de la labranza y cualquier tarea que implique el cambio de uso del suelo del predios en infracción a la presente Ley 7343. Decreto 2131. Está prohibido destruir, remover o suprimir señales o indicadores colocados por la Autoridad de Aplicación o por terceros autorizados".
Ante esta situación, Alberto Cantero, director de Radio y Televisión Argentina (RTA), denunció un "atropello institucional" por parte de De la Sota.
Cantero explicó que los "efectivos de la policía de Córdoba enviados por el gobernador bloquearon la entrada del predio donde se encuentra la antena y la planta transmisora de la televisión digital abierta para la ciudad de Río Cuarto y su área de influencia".
Según el director de RTA, fue "un verdadero atropello institucional", dado que "sin que mediara ningún aviso previo ni intimación alguna, la policía clausuró el lugar".
Consultado por la agencia oficial Télam sobre si existía alguna denuncia previa de alguna organización ambientalista respecto de un posible perjuicio producido por la antena, el director de RTA respondió que "no hay ninguna denuncia previa, ni fuimos avisados de nada".
Según explicó Cantero a Télam, la antena comenzó a construirse hace cinco meses y ayer había comenzado con las transmisiones de prueba, con lo cual "es evidente que hay una intención de producir un daño económico y un daño social, porque se dejó sin televisión abierta a más de 250 mil habitantes".
"Es insólito lo que ha hecho De la Sota: hace diez meses firmó un convenio para construir la antena y ahora ordena que la desmantelen mandando a la policía", afirmó Cantero, quien además aclaró que "no es posible que haya daño ambiental alguno, porque en el mismo predio hay otras antenas de cien metros de altura que pertenecen a Epec y a empresas de telefonía celular".
Esta es la quinta antena que Arsat instala en la provincia de Córdoba, donde la televisión digital abierta comienza a disputarle un espacio de mercado a la televisión paga tradicional, que va por cable. En este sentido, dirigentes kirchneristas cordobeses señalaron en off the record que con esta decisión De la Sota favorece a la empresa de cable que presta servicio en la zona, Río Cable TV, perteneciente al Grupo Clarín.
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