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La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde consiguió amplio consenso a partir de reformas incluidas (183 votos positivos contra 24 negativos), con lo cual se descuenta que hoy se convertirá en ley.

El punto de mayor controversia es el agregado que se realizó al artículo 20 que habilita al regulador (CNV) a disponer la intervención de veedores con facultad de veto y separación de los órganos de administración de la entidad privada, bajo la argumentación de "defensa de las minorías".

De esta forma, se interpreta que la CNV tendrá la posibilidad de actuar con más poder sobre las empresas que ya están cotizando en el mercado de capitales.

En líneas generales, la ley termina con la "autorregulación del mercado" y la "mutualización" del sistema bursátil, y pretende propiciar el ingreso al sistema de inversores medianos y pequeños mediante la generación de nuevos canales de ahorro.

Asimismo, facultará a la CNV para establecer condiciones especiales para impulsar la llegada a la Bolsa de nuevas empresas.

La norma elimina la obligatoriedad de reunir la calidad de accionista para que un agente intermediario pueda operar en un mercado con el fin de que puedan ingresar otros participantes y delega en la CNV la autorización, registro y regulación de diferentes categorías de agentes.

No obstante, los mercados conservarán la facultad de dictar las reglamentaciones a los efectos de habilitar la actuación en su ámbito de agentes autorizados, atribución que les permitirá prever mecanismos alternativos que aseguren la adecuada solvencia financiera de esos agentes.

El proyecto pone bajo control de la CNV a las calificadoras de riesgo y permitirá la creación de nuevas agencias a cargo de las universidades nacionales.

Entre los cambios que favorecieron la aprobación con amplia mayoría se destaca la incorporación de las asociaciones y cámaras empresarias como entidades que pueden participar en el mercado de capitales.