Además de informar sobre los grupos que ya presentaron sus planes de desinversión y de insistir con el 7 de diciembre como el día de inicio de la aplicación de la Ley de Medios, Martín Sabbatella reveló la estrategia del Gobierno para enfrentar al Grupo Clarín a partir del lunes 10 de diciembre.
Lo hizo ayer durante una conferencia de prensa que el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) realizó en un salón del Congreso de la Nación.
En ese marco, recordó que hasta ahora, 14 de los 21 grupos de medios que incumplen la ley presentaron planes de adecuación.
Para los siete grupos que aun faltan, señaló que los esperará hasta las 12 de la noche del viernes. Recordó que la fecha surge del supuesto vencimiento de la cautelar que frena la aplicación de la Ley de Medios para Clarín, y cuyo límite fue establecido por la Corte Suprema en mayo.
Sabbatella anticipó que el sábado 8 informará sobre los grupos que presentaron sus propuestas, y que el domingo 9 habrá un festival para celebrar los 30 años de la democracia, el día internacional de los derechos humanos y la puesta en vigencia de la Ley de Medios.
Y el lunes 10 concurrirá, junto a otros funcionarios del Afsca y a un escribano público a la sede de los grupos que no se adecuaron para notificarlos sobre el inicio de las transferencias de oficio de radios, canales y señales de cable que el Afsca considerará que deberán cambiar de dueño. Será el comienzo de la segunda etapa de la batalla para obligar a Clarín a reducir su estructura, aun sin una decisión de fondo sobre la denuncia de inconstitucionalidad contra la Ley de Medios que seguramente derivará en un fallo final de la Corte Suprema.
Tras presentar el oficio, Sabbatella anticipó que habrá 100 días hábiles para analizar y definir las licencias y frecuencias a vender. “Si un grupo no se presenta, el Afsca debe iniciar la tasación, selección de las licencias y bienes afectados, el concurso, la adjudicación y el traspaso”, explicó. También dijo que irá “personalmente para garantizar que lo único que pase es que haya una notificación”. Advirtió además que, mientras se lleve a cabo el proceso, los medios seguirán a cargo de sus actuales propietarios. “Le vamos a pedir a los titulares de las licencias que, mientras dure el proceso, no despidan personal y garanticen el servicio”, sostuvo.
En el caso de Clarín, esto significa que las radios, canales o señales de cable que el Afsca pretenda transferir no serán cerrados ni tomados por asalto o expropiados. De hecho, Sabbatella aclaró que no habrá expropiación, estatización ni confiscación de medios.
Para los grupos que presenten planes voluntarios habrá 120 días para la ejecución de sus propuestas. De ser aprobadas, habrá otros 180 días para desprenderse de esos activos. Así, en un lapso no mayor a 300 días todas las empresas deberán estar bajo el marco del artículo 161 de la Ley que obliga a los grupos a desinvertir y vender activos.
Tras las declaraciones de Sabbatella, el grupo Clarín emitió un comunicado advirtiendo que que “el funcionario volvió a insistir con el avance de oficio sobre licencias sin esperar ningún fallo, pese a que la Corte Suprema dijo que esa situación implicaba ‘denegación de justicia”. También argumentó Clarín que Sabbatella modificó plazos de adecuación “que afectan derechos adquiridos y buscan evitar que el fallo sobre la inconstitucionalidad llegue antes del avance de facto sobre las licencias”. Para Clarín, el Gobierno demora el fallo de fondo “con sucesivas maniobras para apartar jueces, y con presentaciones dilatorias en primera y segunda instancia”.
Según el grupo, Sabbatella también “reconoció que benefició a los grupos que no fueron a la Justicia, extendiéndoles un año el plazo de desinversión”. Y volvió a desconocer la composición accionaria de varios grupos y sus incompatibilidades con diversos artículos de la ley.
“En un desafío a las garantías constitucionales y para justificar un avance de hecho sobre las licencias, dijo que si el fallo de fondo determina la inconstitucionalidad de los dos artículos impugnados, sólo habría derecho a una indemnización y no a la intangibilidad de las licencias”, argumentó Clarín, señalando que esto “implica una violación de todos los precedentes jurídicos”.
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