Esta semana, la Suprema Corte bonaerense ratificó una condena de prisión para el sacerdote Julio César Grassi, acusado de abuso sexual agravado y corrupción de menores. A las pocas horas, la Cámara de Casación ordenó su detención, pero tal sentencia no tendría operatividad inmediata, de acuerdo a la visión del fiscal de la causa.
"Entiendo que la resolución de la Sala V no se debe ejecutar de inmediato. Así como está dictada, no se va a ejecutar rápido y mucho menos en el día de hoy. Ayer veía a periodistas que decían que la Policía estaba yendo a detener a Grassi, y yo les puedo asegurar que no estaba yendo nadie, son temas procesales", explicó el titular del Ministerio Público en diálogo con el periodista Luis Novaresio en radio La Red.
Según se desprende de la sentencia, aún deben ser notificadas todas las partes. Además, el expediente debe "bajar" a la Cámara luego de la decisión de la Suprema Corte y recién allí podría ejecutarse el arresto del sacerdote.
El fiscal Varela aclaró que desde su punto de vista Grassi debería haber sido detenido hace muchos años, tras la condena en primera instancia. Sin embargo, gozaba de una libertad "vigilada" que ayer cesó por un fallo judicial.
El fallo dictado ayer, con la firma de los camaristas Ricardo Maidana y Horacio Piombo, destaca que el imputado "no cumplió los términos de la libertad provisional otorgada como alternativa, al asistir a un programa televisivo y referirse abiertamente a los denunciantes de la causa por la que resultó condenado".
La resolución de la Cámara precisa además que a este hecho "debe sumarse que la sentencia en su contra fue confirmada por la sala dos de Casación y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires".
El caso
Grassi quedó bajo sospecha en 2002, cuando se difundió un informe con denuncias contra el sacerdote y presidente de la Fundación Felices Los Niños por supuesto abuso deshonesto de menores a los que debía proteger.
En 2009 fue condenado por solo dos de los 17 cargos en su contra y recibió una sentencia de 15 años de prisión. Desde entonces, Grassi permanece libre, aunque bajo la orden de cumplir obligaciones como no ingresar a la Fundación, no permanecer a solas con niños ni referirse a los menores de edad que lo denunciaron en el expediente judicial.
El 22 de abril la Cámara Penal de Morón ordenó detener al cura, pero el arresto no se hizo efectivo porque sus defensores podían apelar la medida.
La provincia activó más de 100 000 millones de pesos en financiamiento para pymes y productores. El objetivo es sostener la actividad, fomentar inversiones y asistir a sectores golpeados por el clima.