La organización terrorista ETA está dispuesta a desarmarse y a disolverse si el Gobierno del PP cambia su política penitenciaria y facilita una solución para sus presos, según fuentes de la izquierda abertzale. Las mismas fuentes añaden que “la disposición de ETA a su disolución es total” y que su problema reside, en estos momentos, “en un sector minoritario de los presos, que se resiste a aceptar la legalidad penitenciaria. Una flexibilización del Gobierno en ese punto rompería el bloqueo de la situación”.
La detención, el pasado fin de semana, de Izaskun Lesaka, dirigente de ETA, confirma el control policial sobre una banda terrorista extremadamente débil, cuya mayoría es partidaria de culminar su final, anunciado con el cese definitivo de la violencia el 20 de octubre del pasado año.
El Gobierno del PP mantiene la presión sobre la banda. Desde la fecha del cese definitivo del terrorismo, son ya 30 los etarras detenidos, la mayoría fuera de España: en Francia, Italia, Bélgica e Inglaterra. La decadencia de ETA es total desde que, en mayo de 2010, la policía francesa, a instancias de la española, detuvo a Mikel Carrera, Ata, y despejó el campo para que la izquierda abertzale maniobrara para lograr el cese definitivo de la violencia en octubre de 2011.
Por ello y porque ha recuperado su legalización como fuerza política con EH Bildu, la izquierda radical no está dispuesta a tolerar que ETA vuelva a la violencia. Para evitarlo, reclama pasos hacia la consolidación del fin anunciado por la banda terrorista. Una consolidación que no se producirá mientras 700 presos de ETA sigan en las cárceles, sujetos a una legislación aplicable a una banda terrorista en activo y los propios presos no den pasos, según coinciden el PNV y el PSE, además de EH-Bildu.
La propia izquierda abertzale reclama a los presos de ETA que asuman la legalidad, con la reinserción social como eje, del mismo modo que ella asumió la Ley de Partidos, que en su día la condenó a la ilegalidad, para poder participar en la vida política. Pero una minoría de los reclusos —unos 70 de los más de 500 que hay en las cárceles españolas— se oponen.
Javier García Gaztelu, Txapote, condenado por el asesinato de los ediles del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, está a la cabeza de esa oposición, en la que también participan algunos abogados de ese sector.
La izquierda abertzale, que tiene esa tarea pendiente con los presos etarras, defiende la tesis de que una decisión del Gobierno del PP para acercar reclusos de la banda terrorista a las cárceles vascas facilitaría su reinserción social en las cárceles, que en el último año tras el alto el fuego se ha parado totalmente, como por ejemplo con la vía Nanclares.
El nuevo Parlamento autónomo va a contar con una amplia mayoría favorable a esas tesis. Además de la izquierda radical, el PNV y el PSE, el Gobierno vasco, que presidirá Iñigo Urkullu, va a tratar de abanderar la política de pacificación en Euskadi. Para llevarla a cabo, dispone de una hoja de ruta, que conoce el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
En ella, además del reconocimiento a las víctimas del terrorismo, a la memoria y a la convivencia, propone el acercamiento de los presos de la banda a prisiones del País Vasco, la excarcelación de los reclusos gravemente enfermos y la eliminación de las medidas excepcionales en política penitenciaria. Asimismo, reclama a ETA y a la izquierda abertzale el reconocimiento del daño causado por el terrorismo y que sean los presos etarras quienes pidan los beneficios penitenciarios que otorga ahora la ley.
El PNV, ganador de las elecciones vascas del pasado 21 de octubre, ve bien, lo mismo que el PSE, que el Gobierno del PP y ETA establezcan algún tipo de contacto que sirva para formalizar un acuerdo sobre los presos. Esta situación ya se puso de relieve en la ronda de contactos que el pasado 4 de mayo mantuvo en Bilbao la Comisión de Verificación Internacional, presidida por Ram Manikalingam, con los partidos vascos.
Pero el Gobierno rechaza por principio mantener contactos con ETA. En este sentido, tanto el PNV como el PSE creen que la izquierda abertzale podría jugar ese papel en lugar de ETA, para facilitar la conexión con el Gobierno.
Pero fuentes del Ejecutivo en la lucha antiterrorista señalan que “el Gobierno no va a establecer ningún contacto con ETA, ni directo ni indirecto. No tenemos prisa. ETA está muy debilitada y es mejor que se disuelva cuanto antes para mejorar la situación de sus presos, porque si no la vamos a disolver nosotros. Su disolución facilitará la aplicación del plan de reinserción que el Gobierno ya tiene previsto para sus presos”.
El economista Rubén Lo Vuolo advierte que el crecimiento económico ilimitado es inviable en un planeta de recursos finitos y cuestiona la capacidad del mercado para liderar una transición ecológica voluntaria sin intervención estatal.