Según la entidad, "en un año de logros para el consumidor, sobre todo con la portabilidad numérica, la contratara es el tercer anuncio de aumentos en lo que va de 2012, con un acumulado en promedio de entre el 25 y el 30 por ciento".
En un comunicado, la RAC sostuvo que reclamarán a Gobierno y legisladores la "necesidad de regular este servicio con el estatus jurídico de "Servicio Público".
"Se trata del servicio más masivo que existe hoy, con cerca de 40 millones de usuarios activos en el país, por lo que se hace necesario discutir un nuevo marco legal que asegure una protección efectiva al consumidor, quien se ha transformado en rehén de un mercado concentrado en forma oligopólica", enfatizó.
Además, recordó que la telefonía celular "se encuentra a la cabeza del ranking de quejas de nuestra entidad y de casi todas las oficinas defensoras de los derechos del consumidor del país".
El presidente de la entidad, Christian Galindo, advirtió que las compañías del sector "hacen lo que quieren.
Suben sus tarifas unilateralmente en la proporción y época del año que elijan y siempre en forma uniforme entre todas ellas, lo cual es muy sugestivo".
"Si no hay un freno a estas prácticas uniformes del sector, la conquista de la portabilidad numérica será de escasa efectividad", alertó. A la queja de Galindo se suma la del ex diputado Héctor Polino, fundador de la suspendida Asociación Consumidores Libres.
Polino denunció que "ante el silencio cómplice de las autoridades nacionales", las empresas de telefonía celular anunciaron "un nuevo tarifazo" en perjuicio de los usuarios.
El economista Rubén Lo Vuolo advierte que el crecimiento económico ilimitado es inviable en un planeta de recursos finitos y cuestiona la capacidad del mercado para liderar una transición ecológica voluntaria sin intervención estatal.