Mientras en el Gobierno intentan digerir el impacto que representó la decisión que tomó el viernes la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que ordenó a la Argentina tratar a quienes no aceptaron el canje de deuda del mismo modo que al resto de los acreedores, las líneas técnicas encargadas de la relación con los deudores trabajaron durante todo el fin de semana en los distintos escenarios que se abren de ahora en adelante para enfrentar a los fondos buitres.
En el Gobierno admiten que el contexto cambió y que el fallo de la Cámara de Apelaciones fue inesperado. Al avalar la teoría del ‘pari passu‘ que impulsó el juez de primera instancia, Thomas Griesa, la Cámara obliga ahora a la Argentina a realizarle alguna oferta a los fondos buitres y demás acreedores que no aceptaron el canje (denominados en la jerga, holdouts).
Por eso es que esta semana los cuadros técnicos del Ministerio de Economía trabajarán en un ‘menú de opciones‘ que presentarán a la presidenta Cristina Fernández. Una de las alternativas que se barajan es seguir con la ‘línea dura‘ que mostró hasta ahora la administración kirchnerista. Esto es, apelar la decisión de la Cámara, buscar dilatar la sentencia hasta por lo menos los primeros días de diciembre (cuando se producen dos vencimientos de bonos bajo legislación extranjera) e intentar blindar esos pagos ante posibles intentos de embargos.
Pero la otra opción bajo estudio es enfrentarse directamente con lo que viene: el fallo de la Cámara será difícil de revertir, sólo lo podría hacer la Corte Suprema de Justicia (que no acepta tratar todos los casos) por lo que más temprano que tarde habrá que ofrecer algún tipo de arreglo a los holdouts. El dilema que aquí acorrala al Gobierno es cómo hacerlo sin quedar ante la opinión pública como cediendo frente a los fondos buitres. Inclusive se evalúa una reapertura de los canjes de deuda realizados en 2005 y 2010 a fin de desarticular la teoría del ‘pari passu‘ y mostrar un trato igualitario a todos los acreedores. Para ello, antes el Congreso debería derogar la denominada ‘Ley Cerrojo‘ que impide la reapertura de canjes.
Pero en este zigzagueante camino, la incertidumbre reina. La Cámara que falló el viernes ahora le devolvió la pelota a Griesa para que determine cómo se va implementar el tratamiento igualitario a quienes no entraron al canje. Nadie sabe qué plan de pagos va a determinar Griesa y en qué plazo se va a expedir. Luego debe remitir su propuesta a la Cámara, que lo debe aprobar.
También es una incógnita el rol que tomará el agente de pago de los bonos argentinos en EEUU. Se trata del Bank of New York. Si llegada la fecha de abonar el próximo vencimiento de títulos argentinos en el exterior (el 2 de diciembre el Global 2012 y luego 15 el cupón PBI) el fallo de la justicia estadounidense se mantiene, esta entidad estará expuesta a demandas si concreta la operación.
Durante todo el fin de semana hubo intensos contactos entre el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y los abogados que defienden a la Argentina en los juicios de los acreedores en los Estados Unidos, el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. También participaron de las deliberaciones otros funcionarios con experiencia en el tema, como el flamante representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, quien trabajó activamente en el equipo de Roberto Lavagna durante la reestructuración inicial.
“La sentencia se encuentra suspendida desde el momento mismo en que fue dictada y hoy sigue suspendida, por lo que no altera para nada el status quo actual”, aseguró el viernes Cosentino. Y explicó que el fallo “no da en absoluto por finalizado el litigio”.
El economista Rubén Lo Vuolo advierte que el crecimiento económico ilimitado es inviable en un planeta de recursos finitos y cuestiona la capacidad del mercado para liderar una transición ecológica voluntaria sin intervención estatal.