Una corte de apelaciones de Estados Unidos confirmó un fallo del mes de febrero dictado por el Juez Thomas Griesa en donde dijo que los acreedores que se negaron a participar de los canjes, con tenencias por 1.400 millones de dólares, merecen un trato igualitario en el repago de la deuda respecto a los que aceptaron la reestructuración de bonos en 2005 y 2010. Argumentó que se decidió priorizar los pagos a los que sí aceptaron entrar en esas operaciones.
Griesa, en aquella oportunidad falló a favor del fondo NML, de Elliot Management (fondo buitre), y Aurelius Capital Management. Estableció que Argentina debe pagar a este fondo cada vez que abone intereses de la deuda que emitió. En la demanda los bonistas se valieron de la cláusula de "pari passu" que obliga al país a tratar igualitariamente a todos sus tenedores de deuda.
Con el fallo de hoy la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York dictaminó que Argentina violó la provisión de "tratamiento igualitario" en los bonos al considerar a los tenedores de deuda que no aceptaron la reestructuración fueron puestos en un escalón inferior a los otros acreedores.
"Nada en el registro apoya la afirmación general de Argentina de que el dictamen hundirá a la República en una nueva crisis financiera y económica", escribió el juez Barrington Parker.
La Corte de Apelaciones solicitó a Griesa que aclarase el modo en la que se pretende que funcione la fórmula de pago del fallo, y cómo éste se aplica a terceros, como los bancos intermediarios.
A principios de marzo, el Gobierno argentino había manifestado que la decisión inicial no alteraba el pago en tiempo y forma de los bonos porque quedaba suspendida hasta tanto no se pronuncie la Cámara de Apelaciones. En esa línea, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, había declarado que la apelación del país al fallo se debió a que "la decisión de Griesa es una decisión política, floja en su argumentación legal, tenemos confianza que será decidida en apelación a favor de la Argentina".
En su momento, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, había sincerado que le sorprendía el criterio del juez y manifestó que "es evidente que cedió ante las presiones de los fondos buitres". A pesar de ello, más del 90% de los títulos públicos incumplidos fueron reestructurados.
Elliot Management es el mismo fondo de inversión que logró el embargo de la Fragata Libertad. Ayer al respecto de ese caso, el canciller Héctor Timerman, aseguró que "vamos a recuperar la Fragata Libertad, como lo hicimos con todos los bienes del Estado". También explicó que "desde ese fatídico año y el colapso del 2001 los distintos gobiernos impulsaron un política de debilitamiento de la soberanía legal del país". Ejemplificó que "se firmaron 58 tratados bilaterales de inversión que obligaban a la Argentina a aceptar los sistemas judiciales extranjeros".
Aurelius Capital Management, junto a otro fondo buitre, había pedido un embargo de más de un millón de dólares sobre patentes registradas y en proceso de registro a nombre de Argentina y de institutos gubernamentales de investigación, tales como la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCT), del CONICET, de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), del INTA y del INTI. Según detalló Timerman, este grupo había demandado "contra el derecho de INTA a cobrar royalties en virtud del acuerdo de licencia celebrado con una empresa alemana por la explotación de un gen del arroz desarrollado por INTA que es resistente a ciertos tipos de herbicida".
El hecho ocurrió aproximadamente a las 04:30, en la intersección de la avenida Peñaloza y Zeballos. Por causas que se investigan, un automóvil Chevrolet Onix de color gris despistó y colisionó contra el frente del local "La Porca".