El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó hoy el veto total a la ley de aborto no punible, que había sido sancionada hace un mes por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el argumento de que "contiene prescripciones que exceden los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Macri ya había anunciado hace diez días que rechazaría la norma.
"El proyecto sancionado por la Legislatura contiene normas que exceden los lineamientos del fallo de la Corte Suprema, además de excederse en sus competencias al tratar de modificar con una ley local cuestiones que están definidas en los Códigos Penal y Civil", señala el texto al que tuvo acceso Noticias Argentinas.
Más allá del veto, el Gobierno porteño ratificó que continúa vigente la Resolución 1252 del Ministerio de Salud de la Ciudad que reglamentó el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Esa resolución establece que las mujeres víctimas de violación pueden acceder a la interrupción del embarazo en los Hospitales Públicos de la Ciudad con la presentación de una declaración jurada y sin requerir de autorización judicial.
Macri también argumentó que la Legislatura se excedió "en sus competencias al tratar de modificar con una ley local cuestiones que están definidas en los Códigos Penal y Civil, y que deben ser cambiadas, de acuerdo a la Constitución Nacional, por el Congreso Nacional".
Esta situación, apuntó, se observa en los artículos 8 (respecto a la edad del consentimiento válido), 5 (extensión de la definición de los casos de aborto no punible, más allá del fallo de la Corte y el Código Penal), 11 (objeción de conciencia a todas las especialidades y con plazos), 3 (obligación para sanatorios y clínicas privadas) y 17 (sanciones penales).
Por último, el veto cuestiona que si bien la ley tiene un artículo en el que se establece que los médicos tienen derecho a ejercer su objeción de conciencia respecto de la práctica del aborto, eso los obliga a "hacer pública una cuestión de conciencia, esencialmente personal y privada".
La polémica estalló semanas atrás cuando Macri dio detalles de una interrupción de embarazo que se iba a realizar una mujer violada en el Hospital Ramos Mejía.
La asociación Provida emitió una cautelar que fue aceptada por la Justicia y que, luego, por la decisión de la Corte Suprema de Justicia debió dejarse sin efecto para que la víctima de trata y violación pudiera concretar el aborto previamente autorizado.
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