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A paso firme, el kirchnerismo impuso ayer su mayoría y firmó en el Senado un dictamen favorable al proyecto de ley para reglamentar el mecanismo de per saltum, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal pueda intervenir en causas de “gravedad institucional” que se encuentran en juzgados de menor rango. Así, el oficialismo dejó todo listo para debatir el tema en el recinto el próximo miércoles y girarlo a Diputados.

Además, la comisión de Asuntos Constitucionales convalidó el proyecto de Comunicación del titular del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, instando a la Corte a que revise lo actuado por la Cámara Nacional Federal en lo Civil y Comercial respecto de las subrogancias en juzgados del fuero y a que investigue las presuntas “maniobras para bloquear” la designación de magistrados en el Consejo de la Magistratura. Ambos pasos los dio el oficialismo en soledad. Ni el radicalismo ni el Frente Amplio Progresista acompañaron con su firma los dictámenes por considerar que las propuestas forman parte de la puja entre el Gobierno y el Grupo Clarín en torno de la medida cautelar que suspende hasta el 7 de diciembre la aplicación de la cláusula de desinversión que exige La ley de Medios a concesionarios que exceden el número de licencias admitidas.

El senador Samuel Cabanchik (Bs.As. Federal) sí firmó el despacho con la mayoría, ya que consiguió que el kirchnerismo incorporara una modificación y que, en el proyecto de ley para reglamentar el per saltum, se interrumpa el plazo de la cautelar mientras la Corte decide sobre el asunto.

“Todos estos proyectos han sido ideados, han sido armados como herramienta de una decisión política mayor que es construir un nuevo mapa de medios de comunicación”, enfatizó el radical Ernesto Sanz antes de aclarar que su partido no apoyará el proyecto no por cuestiones técnico-jurídicas, sino “por una decisión política y un análisis político”. Acto seguido, el oficialista Aníbal Fernández preguntó en forma retórica: “¿Cuándo va ser el momento oportuno? Nunca”, se respondió, antes de afirmar que “la política no es inocua nunca” y que detrás de cada decisión “hay una razón de ser que tiene que ver con proteger intereses superiores”.

A su vez, Pichetto reconoció que “sería hipócrita” no admitir que el proyecto tiene “un trasfondo”, que es la aplicación plena de la Ley de Medios, pero subrayó que la iniciativa no es “arbitraria”. “Tiene un conjunto de requisitos para hacer viable el mecanismo de salto de instancia y para que esto llegue a manos del máximo tribunal para resolver en situaciones de gravedad institucional”, detalló.

Una de las más feroces críticas del proyecto, María Eugenia Estenssoro (CC-FAP), consideró que el texto “se le ocurrió al Gobierno la semana pasada” y anticipó que “por el contexto político y no por razones jurídicas” votará en contra. Además, cuestionó al oficialismo por “proclamar” una lucha en contra de los monopolios y, en paralelo, nunca reglamentar la constitución del Tribunal de Defensa de la Competencia y avalar la existencia de “otros monopolios” en las comunicaciones. “Hay mucho oportunismo, mucho doble discurso”, lamentó.

Pichetto, tras finalizar la reunión, coincidió en que “quizás hay otras actividades que están concentradas que tendrán que desmonopolizarse” y estimó que ese es “un tema que forma parte de otras discusiones”.