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La Comisión Nacional de Valores (CNV) tendrá poder de policía en la nueva ley de control del mercado de capitales que el Gobierno enviará esta semana al Congreso. El organismo de contralor podrá investigar, pedir allanamientos y denunciar a empresas a la Justicia y también tendrá facultades para sancionar a los agentes de Bolsa y las calificadoras de riesgo.

Así se desprende de los borradores en los que trabajaban hasta anoche funcionarios de la CNV y del Palacio de Hacienda. El lunes, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, había adelantado los lineamientos principales del proyecto, que terminará con la autorregulación de los mercados –que data de 1968– y concentra el poder de vigilancia y control en la Comisión que preside Alejandro Vanoli.

Según reconstruyó El Cronista de distintas fuentes oficiales y del sector privado, el proyecto que verá la luz es el más “market friendly” de las tres versiones que circularon. Fortalecerá el poder de policía de la CNV, que en la actualidad puede investigar y multar a empresas luego de procesos administrativos. La norma faculta a la CNV a solicitar a la justicia que realice allanamientos para secuestrar documentos o información, previo proceso sumario y sin el requisito de que se llame a audiencia al afectado. Los afectados –empresas, sus directores, agentes de Bolsa– podrán recurrir a la justicia a reclamar una reparación en caso de daño o supuestos de ilegitimidad. Las decisiones de la CNV, además, podrán ser recurridas ante las Cámaras Federales de Apelaciones en las provincias y en la Capital y no en tribunales ordinarios, como en la actualidad.

“Argentina es uno de los pocos casos donde la autoridad regulatoria no puede sancionar a un agente porque el poder disciplinario recae en el Mercado de Valores. Esto no es así en ninguna parte del mundo”, dijo Vanoli. La Comisión también fijará las reglas de juego para las calificadoras de juego. Lorenzino y Vanoli dijeron que abrirán el juego a universidades públicas y privadas. Sobre todo, la CNV podrá sancionar a las calificadoras, enemigos recurrentes del Gobierno.

El proyecto también faculta el intercambio de información entre la CNV, la Superintendencia de Seguros, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF). Según dos fuentes oficiales, esto no terminará con el secreto bursátil, pero permitirá a los organismos conocer a los propietarios finales de los títulos valores. La UIF, por ejemplo, podrá pedir a la CNV información siempre que haya un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que es un alerta sobre un posible caso de lavado de dinero. Esa información se compartirá entre organismos estatales y sólo podrá hacerse pública si el caso llega a la Justicia.

Según las fuentes, este intercambio de información forma parte de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero y de los requisitos de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco, sus siglas en inglés). La Iosco había advertido a la Argentina que podría incluirla en su “lista negra” si no reformaba su legislación bursátil antes de enero.

El proyecto prácticamente no circuló por las esferas privadas. “No fue consensuado con nadie del mercado ni se invitó a nadie al anuncio. Las dudas recaen en la implementación de todo esto y en el abuso de poder”, dijo un directivo del mercado. “Lo que preocupa es la injerencia que puedan llegar a tener desde el Gobierno en determinadas empresas”, agregaron desde una sociedad de Bolsa.

Las fuentes privadas no criticaron el fin de la autorregulación. “Los cambios, en general, creemos que están bien. Así trabaja la SEC, por ejemplo”, graficó un directivo, en referencia al organismo de contralor del mercado estadounidense. La idea “es proteger al socio minorista, al menos sofisticado, por eso queremos tener un marco regulatorio claro, en función de lo que pase en cualquier lugar del mundo”, dijo Lorenzino.