Lt 10

Las entidades de medicina prepaga irán en busca de una autorización oficial para subir sus cuotas en diciembre entre 10 y 15%, según confirmaron a LA NACION cuatro fuentes del sector, que coincidieron en advertir que, si no se les permite obtener más recursos, comenzarán a verse las consecuencias de un desfinanciamiento del sector. Esos efectos se verían, señalan, en la calidad de las prestaciones, en un corte de contratos con clínicas o en la fijación de copagos para consultas.

En los últimos días, varias de las empresas -hay 674 en total- fueron convocadas una por una por la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Liliana Korenfeld, y se les pidió que presentaran una serie de datos, dentro de un plazo que vencerá la semana próxima. Esa información, que tiene que ver con el rol de control que a partir de la ley de prepagas asume ese organismo oficial, se usaría también para analizar las solicitudes de aumentos que, de todas formas, dependen, según las normas, no de las autoridades de Salud sino de Guillermo Moreno.

En septiembre pasado, los planes de salud tuvieron, en forma generalizada, un aumento de 7 por ciento. El ajuste fue cobrado desde octubre, dado el momento en que llegó la autorización de la Secretaría de Comercio Interior. En algunos casos, las entidades decidieron cobrar en cuotas el plus por la actualización de la cuota de septiembre.

Pero en realidad las prepagas habían solicitado ajustar sus precios un 15%, el mismo porcentaje que les reclamaban las clínicas y otras instituciones de prestaciones médicas para hacer frente, a su vez, al aumento salarial del gremio de la sanidad y a otros costos en alza. Las prepagas dicen que no recibieron explicación sobre por qué se dispuso el 7% en lugar del alza pedida.

"El sector tiene un retraso en sus precios que está entre 20 y 25%", señaló un directivo, que agregó no haber visto nunca tan expuesta a la actividad. "Además de los costos salariales y de los que suben por la inflación general, la nueva ley encarece el sistema", alegó.