El Senado tiene una sesión que augura encendidos debates en torno a la iniciativa que habilita a los adolescentes de entre 16 y 18 años a votar y a un proyecto del oficialismo para pedir a la Corte Suprema de Justicia que interceda en el conflicto del Consejo de la Magistratura por la ley de medios.
La sesión tuvo como primer tema la designación de la ex senadora y actual subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, María Perceval, como nueva embajadora ante la ONU.
Ahora, el oficialismo propone un proyecto de declaración en el que le solicitará a la Corte Suprema de Justicia que interceda en el conflicto desencadenado en el Consejo de la Magistratura.
Allí se da una puja entre el oficialismo y la oposición por la designación del magistrado que deberá resolver la causa abierta por el Grupo Clarín contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El bloque oficialista avanzaría con este proyecto a pesar de que fuentes de la Corte indicaron que el máximo tribunal no va a mediar entre el sector opositor y el oficialismo, ni intervendrá en la disputa planteada en torno a la votación de candidatos a jueces.
Más tarde, se prevé que la Cámara alta apruebe el proyecto que autoriza a los jóvenes de 16 y 17 años a votar en los procesos electorales, con el respaldo del bloque oficialista, un puñado de aliados y algunos senadores de la oposición.
Es que además de los 38 votos que reúne el Frente para la Victoria (entre propios y aliados), se sumarían algunos del Frente Amplio Progresista (FAP) -que votaría dividido-, más los de los peronistas federales Sonia Escudero y Roberto Basualdo.
El proyecto establece que "los argentinos que hubiesen cumplido los 16 años gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República" y, de esta manera, incluye a los jóvenes entre las personas obligadas a votar.
Sin embargo, modifica el artículo 18 del Código Electoral, en el que quedará establecido que el listado de "infractores al deber de votar" deberá incluir a "los electores mayores de 18 años y menores de 70".
De esta manera, los menores de 18 no serán considerados infractores en caso de no concurrir a votar -al igual que los mayores de 70-, por lo que el aspecto "voluntario" que se le quería imprimir al voto joven se mantiene en los hechos.
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