Transportadora Gas del Norte (TGN) se convirtió en la segunda empresa vinculada al sector gasífero en iniciar un juicio contra el Gobierno por el congelamiento tarifario. Ayer, el directorio de la mayor transportadora de gas del país decidió demandar ante los tribunales al Estado argentino por los ‘daños’ que sufrió en estos 12 años que ya llevan las tarifas sin cambios.
La primera había sido Metrogas, que en 2011, presentó un amparo en el fuero Contencioso Administrativo para presionar por una recomposición aprobada en octubre de ese mismo año por decreto pero que todavía está frenada.
En el caso de TGN, la compañía envió un comunicado enviado a la Bolsa de Comercio, en el cual explicó que inicia la demanda judicial “en defensa del interés social” y con el objetivo de “obtener la reparación de los daños experimentados a partir del 1 de enero de 2006 como consecuencia de la pesificación de sus tarifas dispuestas en la ley 25.561 y el subsiguiente congelamiento tarifario”.
Además de ser la mayor transportadora de gas del país, TGN está controlada por Techint a través de Tecpetrol, una de las subsidiarias del grupo de la familia Rocca. Esta sociedad participa en Gasinvest, holding dueño del 56% del capital de TGN y en el cual también se encuentran Compañía General de Combustibles (CGC) y Electricidad Argentina, además de la francesa Total Gas y la malaya Petronas. Además, el fondo de inversiones norteamericano Blue Ridge Investments posee el 24% de TGN y el 20% restante se negocia en la Bolsa.
Tras varias reuniones, sus accionistas coincidieron en llevar adelante esta acción judicial luego de haberse agotado los reclamos ante el Gobierno por la vía administrativa.
De hecho, en el mismo comunicado, también se hace referencia “al silencio de la administración ante un reclamo administrativo previo”. La compañía se refiere de este modo al proceso que había iniciado en marzo del año pasado para solicitar la readecuación de sus tarifas, agobiada por una preocupante situación financiera que este congelamiento le provocó y que finalmente la llevó a declararse en default en 2008.
En ese momento, no pudo cumplir con el pago de Obligaciones Negociables (ON). Luego intentó reestructurar su deuda por fuera del ámbito judicial mediante un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), pero fracasó. Por dicha falta de acuerdo a través de negociaciones privadas, TGN recurrió a la justicia para intentar reprogramar su deuda.
Como la Justicia rechazó este pedido, a principios de julio pasado, volvió a hacer una oferta privada de canje de la totalidad de sus ON por u$s 345 millones, condicionada a que al menos sea aceptada por tenedores que representen el 88% de la deuda pendiente, algo que logró el 8 de agosto. Es decir, terminó de cerrar un acuerdo que le permite recomponer su situación y salir del default.
Sin embargo, el Gobierno prorrogó el lunes por otros 120 días la intervención oficial a la compañía que precisamente fue dispuesta luego de que se declarara en cesación de pagos. Hasta ayer, no hubo respuesta oficial a las llamadas de El Cronista para conocer la mirada del Gobierno sobre el anuncio de TGN.
El Tatengue jugará en Córdoba, luego del gran golpe que dio en Mendoza al eliminar a Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la fase regular.