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Martes 09 de Octubre de 2012 - 19:24 hs
El Gobierno denunció un complot y un \\"desquicio administrativo\\" en las fuerzas
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, informó que llevarán a la Justicia a una red de abogados y jueces que beneficiaron con medidas cautelares a las cúpulas de Gendarmería y Prefectura. Garantizó el pago de salarios.
"Garantizamos que en la próxima liquidación todos van a recibir los haberes correspondientes sin ningún tipo de disminución. Los únicos que se van a ver perjudicados, y no vamos a hacer nada para evitarlo, son los que usufructuaron con medidas cautelares para cobrar cifras exhorbitantes", declaró Abal Medina.
De ese modo se refirió al conflicto desatado en Prefectura y Gendarmería tras la incorrecta liquidación de salarios durante el mes pasado, primero en el que se aplicó el decreto presidencial 1307.
En una conferencia de prensa que compartió con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el jefe de Ministros aseguró que la mayoría de los efectivos verá "mejorada su situación" salarial, "no sólo por aumentos", sino también porque las cifras serán remunerativas.
El anuncio del Gobierno surge en el día en que prefectos y gendarmes esperaban una respuesta del Ministerio de Seguridad al petitorio entregado la semana pasada en una reunión con el secretario de Seguridad Interior, Sergio Berni.
Abal Medina explicó que en el antiguo régimen, antes del decreto que rige actualmente, algunos juzgados emitieron "cautelares de muy dudosa naturaleza" que generaron "un verdadero descalabro en el interior de las fuerzas". "El 70% del personal de Gendarmería y el 60% de Prefectura tenían sus haberes judicializados", aseguró al señalar que buena parte de los montos que percibían estaban compuestos por suplementos que no eran remunerativos ni bonificables.
Ahora, los ojos del Gobierno están sobre los estudios de abogados -que según la denuncia estarían vinculados a las fuerzas- y los jueces que habrían actuado con cierta connivencia para favorecer a determinados cargos jerárquicos de las fuerzas.
El jefe de Gabinete informó que el Ministerio de Seguridad ya llevó esta mañana a la Justicia los detalles de esas "gigantescas deficiencias que la hacían anárquica (a la liquidación) con situaciones que son delictuales".
Lorenzino, por su parte, dio precisiones sobre las acusaciones que hizo Abal Medina y aseguró: “Tenemos los elementos que nos van permitir avanzar en la aplicación del decreto y terminar este desquicio administrativo que tiene una lógica de connivencia de algunos abogados, jueces y elementos de las fuerzas”.
El ministro de Economía expuso sobre las condiciones que, en la déacada de 1990, dieron lugar a que la composición salarial de esas fuerzas esté atravesada por una serie de descuentos y suplementos que provocaron ese "descalabro".
"Los que venían de los 90 crearon el caldo de cultivo para que un grupo de estudios jurídicos vinculados a las fuerzas –integrado por ex miembros y miembros activos de la fuerza- practicaran una industria del juicio", dijo, y aseveró que "la masa salarial estaba cautelarizada".
De ese modo se refirió al conflicto desatado en Prefectura y Gendarmería tras la incorrecta liquidación de salarios durante el mes pasado, primero en el que se aplicó el decreto presidencial 1307.
En una conferencia de prensa que compartió con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el jefe de Ministros aseguró que la mayoría de los efectivos verá "mejorada su situación" salarial, "no sólo por aumentos", sino también porque las cifras serán remunerativas.
El anuncio del Gobierno surge en el día en que prefectos y gendarmes esperaban una respuesta del Ministerio de Seguridad al petitorio entregado la semana pasada en una reunión con el secretario de Seguridad Interior, Sergio Berni.
Abal Medina explicó que en el antiguo régimen, antes del decreto que rige actualmente, algunos juzgados emitieron "cautelares de muy dudosa naturaleza" que generaron "un verdadero descalabro en el interior de las fuerzas". "El 70% del personal de Gendarmería y el 60% de Prefectura tenían sus haberes judicializados", aseguró al señalar que buena parte de los montos que percibían estaban compuestos por suplementos que no eran remunerativos ni bonificables.
Ahora, los ojos del Gobierno están sobre los estudios de abogados -que según la denuncia estarían vinculados a las fuerzas- y los jueces que habrían actuado con cierta connivencia para favorecer a determinados cargos jerárquicos de las fuerzas.
El jefe de Gabinete informó que el Ministerio de Seguridad ya llevó esta mañana a la Justicia los detalles de esas "gigantescas deficiencias que la hacían anárquica (a la liquidación) con situaciones que son delictuales".
Lorenzino, por su parte, dio precisiones sobre las acusaciones que hizo Abal Medina y aseguró: “Tenemos los elementos que nos van permitir avanzar en la aplicación del decreto y terminar este desquicio administrativo que tiene una lógica de connivencia de algunos abogados, jueces y elementos de las fuerzas”.
El ministro de Economía expuso sobre las condiciones que, en la déacada de 1990, dieron lugar a que la composición salarial de esas fuerzas esté atravesada por una serie de descuentos y suplementos que provocaron ese "descalabro".
"Los que venían de los 90 crearon el caldo de cultivo para que un grupo de estudios jurídicos vinculados a las fuerzas –integrado por ex miembros y miembros activos de la fuerza- practicaran una industria del juicio", dijo, y aseveró que "la masa salarial estaba cautelarizada".
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