Mientras aguardan con expectativa el encuentro de mañana con la presidenta Cristina Fernández, los gremios de la flamante CGT que conduce Antonio Caló aceleraron las negociaciones con funcionarios del Gobierno para garantizarse ingresos adicionales para las obras sociales a partir del aumento de las cápitas que el PAMI abona a las prestadoras sindicales por la atención médica de medio millón de jubilados.
Las gestiones para conseguir una actualización de los montos de la cápita de PAMI, que están congelados desde 2010 en $ 148, son llevadas adelante por un grupo de dirigentes de la central antimoyanista con la superintendenta de Servicios de Salud, la ultrakirchnerista Liliana Korenfeld, quien se comprometió ante los sindicalistas a resolver el tema en el corto plazo. Dentro de la entidad sindical se esperanzan con la posibilidad de que esa respuesta pueda concretarse tras la reunión que mantendrán mañana desde las 18.30 con la Presidenta. “Es un encuentro más protocolar y de corte político, pero no descartamos que pueda haber alguna medida, como gesto que marque el inicio de esta nueva etapa”, se entusiasmó uno de los gremialistas que concurrirá a la cita en la Casa Rosada.
En concreto, el planteo que la nueva CGT elevó semanas atrás a Korenfeld contempla llevar el monto de la cápita del PAMI de $ 148 a $ 198, lo que representaría un incremento cercano al 34%. Sobre la base de que alrededor de 500 mil jubilados utilizan los servicios médicos de las obras sociales, ese aumento implicaría para los gremios un ingreso adicional de cerca de $ 300 millones anuales.
Los gremios de la central obrera más afín al kirchnerismo avanzaron con el reclamo por la suba de las cápitas por la atención de los jubilados después de haber conseguido destrabar otras medidas tendientes a mejorar el reparto de fondos para sus prestadoras médicas. El miércoles pasado, el mismo día de la constitución formal de la central antimoyanista, el Gobierno dispuso la actualización de los montos de las prestaciones de alta complejidad que brindan las obras sociales y estableció valores máximos para el pago de reintegros por medicamentos. Esa decisión, enmarcada en la resolución 1200, atendió un viejo planteo de los gremios, que desde hace tiempo pedían elevar los montos de los tratamientos de alta complejidad que son financiados con recursos del denominado Fondo Solidario de Redistribución (FSR).
Previamente, a principios de septiembre, la super de Salud también anunció el nuevo Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUBE), por el cual la Casa Rosada prometió distribuir entre las obras sociales sindicales unos $ 2.000 millones anuales adicionales, en un intento por compensar las demoras en el pago de los reintegros de la ahora disuelta Administración de Programas Especiales (APE). Sin embargo, desde varios gremios cercanos al oficialismo se quejaron en los últimos días de que aún no recibieron los fondos comprometidos en el marco de ese nuevo subsidio, pese a que el Gobierno había asegurado que su distribución se efectuaría de manera automática.
En tanto, la semana pasada el Ejecutivo también reglamentó el nuevo Sistema Único de Reintegros (SUR) para las obras sociales, que en la práctica reemplazará a la APE.
El Tatengue jugará en Córdoba, luego del gran golpe que dio en Mendoza al eliminar a Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la fase regular.