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La discusión en torno a la aplicación de la Ley de Medios ya involucra de manera directa a los tres poderes del Estado. En el Judicial reside la causa que inició el Grupo Clarín por la presunta inconstitucionalidad del artículo 161 y que mantiene en vilo al dividido Consejo de la Magistratura; el Ejecutivo se metió de lleno en esa puja a partir de la intervención del ministro de Justicia Julio Alak; y el Legislativo avanza en sintonía al promover desde el Senado la designación de 16 conjueces y al impulsar un proyecto de ley para reglamentar el procedimiento del per saltum, que autoriza la intervención de la Corte Suprema frente a situaciones de “extrema gravedad institucional”. Semejante movimiento de piezas en el kirchnerismo busca allanar el camino hacia el 7 de diciembre, fecha fijada para que todas las empresas se adapten al llamado plan de adecuación.

Hoy concluirá el breve período de interinato de Ricardo Torti y a partir del lunes el titular subrogante del Juzgado Número 1 en lo Civil y Comercial será Horacio Alfonso. A diferencia de cambios anteriores, este reemplazo tiene una implicancia mayor por la resolución que tomó ayer la Cámara de Apelaciones del fuero (sin la firma del cuestionado consejero opositor Ricardo Recondo), de terminar con el sistema de subrogancias semanales para pasar a uno fijo hasta que se elijan jueces titulares. Ese movimiento es leído en el ámbito judicial como una jugada estratégica del kirchnerismo, que logró dejar fuera de competencia a jueces “hostiles” como Torti y Raúl Tettamanti, los anteriores subrogantes, y ubicar a un hombre cercano al influyente Javier Fernández, miembro oficialista de la Auditoría General de la Nación, y que tiene el plus de haber fallado contra Clarín al dar de baja una cautelar pedida por el grupo el año pasado. Fuentes del medio, cercanos al bloque opositor del Consejo de la Magistratura, reconocieron que con esta decisión del oficialismo “ya no podemos hacer nada”. El jueves próximo, en el Consejo, se debe realizar el plenario en el cual el kirchnerismo buscará elevar la terna de jueces titulares a ocupar los cinco juzgados vacantes.

“La Cámara le ha dado la razón al Poder Ejecutivo”, dijo ayer el ministro de Justicia Julio Alak, líder del embate kirchnerista a Clarín a partir de sus últimas apariciones en la Magistratura. En esta semana, Alak demandó además a la Corte Suprema que intervenga para resolver el “bloqueo” de los miembros opositores en el Consejo para la designación del juez que debe resolver el caso. También encabezó un pedido a la Procuración para que denuncie a consejeros opositores y camaristas, dando pie a una causa que terminó en el juzgado del polémico juez Luis Rodríguez, recientemente promovido al fuero criminal y correccional y también vinculado a Javier Fernández.

La jugada ‘K’ terminó de ejecutarse ayer, cuando el Senado obtuvo dictamen favorable para votar el jueves un listado de 16 conjueces candidatos a subrogar el fuero civil y comercial. Antes, para cubrirse ante eventuales contraataques, desde la Cámara Alta se impulsó un proyecto de ley para reglamentar el procedimiento de per saltum, que le da vía libre a la Corte Suprema para interceder en situaciones de “extrema gravedad institucional” y remite a un recurso utilizado por el ex presidente de la Nación Carlos Menem en la década del ‘90. No obstante, uno de los impulsores, el senador Aníbal Fernández, negó ayer que el proyecto presentado tenga como fin presionar a la Corte Suprema para que se involucre en la causa de la Ley de Medios.