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Sergio Schoklender denunció este miércoles al juez federal Norberto Oyarbide, quien lo investiga por supuesto manejo irregular de fondos en la Asociación Madres de Plaza de Mayo, por presunto enriquecimiento ilícito, y pidió que como medida de prueba en forma "urgente se le allane su domicilio particular a fin de verificar la existencia de objetos de valor, cuadros, alhajas y dinero".

El ex apoderado de las Madres amplió una denuncia que pesa sobre Oyarbide en el juzgado federal de Sergio Torres, a raíz de la existencia de un anillo de un valor estimado en 250 mil dólares que usaba el magistrado.

"A estas piezas de las que hace exhibición constante, se le deben sumar valiosos cuadros y otras joyas y relojes con los que habitualmente se lo ve en las noches de Buenos Aires", sostuvo Schoklender en la denuncia, a la que accedió Noticias Argentinas.

"En las interminables sesiones indagatorias a la que me he sometido por parte de dicho funcionario, he podido observar la permanente ostentación de otras joyas de enorme valor, a saber: un anillo sinfín de diamantes en su dedo anular, una escarapela con forma de bandera argentina de diamantes y topacios, anteojos con marco de oro de colección, así como ropa de vestir de marca que excede con mucho lo que podría adquirir con su sueldo de magistrado", apuntó el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, imputado por ser el supuesto "jefe" de una asociación ilícita.

En dos carillas, Schoklender también citó la película que realizó el productor Luciano Garbellano sobre el magistrado, además de -según dijo- las "más de 700 horas de filmación del prostíbulo (Spartacus) que junto con Oyarbide regenteaban".

El juez "no sólo recibía regalos sino que, por el contrario, era él quien los hacía a los diferentes taxy boys a quienes llenaba de joyas y regalos mientras los sacaba a pasear con total impunidad por las calles de Buenos Aires y los invitaba a los mejores restaurantes y hoteles de la Ciudad", dijo en la denuncia.

"El descontrol de Oyarbide llegaba a tal extremo que, según Garbellano, les ofrecía con absoluta impunidad solucionarles cualquier problema legal o tramitarles al documentación y la nacionalidad de estos jóvenes, muchos de ellos de nacionalidad dominicana", sostuvo Schoklender.

También hizo referencia al episodio "Martins", en donde una joven denunció a su padre, un ex agente de inteligencia, a quien acusó de regentear prostíbulos en Capital Federal y Cancún.

"El juez federal habría recibido innumerables regalos y pagos en efectivo por la protección legal brindada", según dijo.
A Torres, Schoklender pidió que cite a Garbellano "a fin de que ratifique la versión que me diera de la conducta licenciosa y delictiva" del juez.

También pidió que secuestre las horas de filmación que se hicieron sobre la vida del juez, y que "disponga urgente allanamiento" en la casa particular de Oyarbide, e incluso se cite a prestar declaración testimonial a la custodia que lleva el juez en forma constante "a fin de que informen sobre los lugares donde el magistrado pasa sus ratos de ocio, almuerzos, cenas y fiestas a fin de evidenciar que el ritmo de vida que lleva no se condice con sus ingresos como magistrado".

DENUNCIA DE BONAFINI CONTRA SCHOKLENDER, A CARGO DE OYARBIDE

La jueza federal María Servini de Cubría determinó que su par Norberto Oyarbide es quien debe hacerse cargo de la denuncia que la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, entabló por amenazas contra el ex apoderado de la Fundación Sergio Schoklender.

Fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que Servini de Cubría determinó que por "conexidad", la causa debía quedar en poder del juzgado federal Nº 5 a cargo del juez, a raíz de que éste investiga al ex apoderado de las Madres por supuesto manejo irregular de fondos.

Además, la jueza desestimó un pedido de Schoklender quien planteó días atrás que esa denuncia debía pasar al fuero correccional a raíz de que los hechos denunciados habrían tenido lugar en jurisdicción de la Ciudad.

Tras conocer la reciente decisión de Servini de Cubría y por medio de su defensora oficial Perla Martínez de Buck, Schoklender apeló la decisión de la jueza por lo que será la Cámara Federal la que determine definitivamente qué juez debe intervenir.

En la denuncia que presentó en los últimos días de julio pasado, Bonafini acusó que al recuperar su libertad, Schoklender sería quien la llama por teléfono a la entidad y profiere amenazas. Según señaló, a Schoklender incluso se lo pudo ver en las inmediaciones de la entidad, intentando buscar un edificio para alquilar y le atribuyó a eso fines intimidatorios.

No obstante, Schoklender asegura que ese día en que se dijo que fue visto en las inmediaciones de la Fundación, él estuvo reunido con un grupo de personas en la localidad bonaerense de Pilar, y hasta ofreció testigos de aquel encuentro.