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 Finalmente, y tras la reapertura de la causa en 2008, el juez Lijo resolvió que el crimen de José Ignacio Rucci, ocurrido el 25 de septiembre de 1973 en el barrio porteño de Flores, no fue un delito de lesa humanidad.

"Se concluyó que la hipótesis de investigación en la cual el homicidio de José Ignacio Rucci fue llevado a cabo por miembros de la Organización Montoneros no cumple las propiedades de los delitos de \\'lesa humanidad\\' y, por lo tanto, no puede quedar sujeto a la cláusula de imprescriptibilidad", aseguró el magistrado en el fallo, y agregó: "Se resolvió rechazar el planteo de que el hecho investigado constituye un delito de lesa humanidad y por tanto imprescriptible y, en consecuencia, se dispuso el archivo de causa".

En el texto, Lijo precisó que durante la investigación "se logró descartar la participación de miembros de la denominada \\'Triple A\\' y, además, se estableció la posible responsabilidad de miembros de Montoneros en el homicidio del secretario general de la Confederación General del Trabajo", pero remarca que "las evidentes deficiencias de las etapas iniciales de la investigación impidieron establecer la materialidad concreta del hecho".

Según el juez federal, esas deficiencias en los primeros tiempos de la investigación en los años 70 "derivó en una confusa polarización de las actuaciones en las que simultánea y antagónicamente se intentó determinar la responsabilidad en miembros de la \\'Triple A\\' y de \\'Montoneros\\'".

Asimismo, el fallo estableció que la participación de miembros de Montoneros en el crimen, conocido históricamente como "Operación Traviata", se desprende de "diversos documentos y testimonios de los que surge que dicha organización se atribuyó la autoría del crimen y que el móvil habría sido la supuesta responsabilidad de Rucci en la conocida \\'Matanza de Ezeiza\\' (20 de junio de 1973)".

Sin embargo, estos indicios de la participación de Montoneros en el ataque a Rucci "no eran tales para llamarlos a prestar declaración indagatoria".

"Dicha verificación llevó a plantear la necesidad de profundizar la investigación ya sea para constatar o bien para descartar la hipótesis denominada \\'Montoneros\\'; por lo que, en razón del lapso temporal que separó a esta investigación del hecho concreto –38 años– se evaluó si era válido continuar una investigación frente al posible obstáculo legal a la persecución penal de que la acción penal no se encuentre vigente", agregó.

"La naturaleza aberrante del suceso, ni la repercusión social y el inconmensurable daño ocasionado, no bastan por sí para superar los diques estrictos que contienen y perfilan dicha materia, único presupuesto válido para habilitar la persecución penal en un hecho en el cual según el ordenamiento interno la acción penal no se encuentra vigente", concluyó.