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Miércoles 08 de Agosto de 2012 - 13:32 hs
Tejas ejecuta a un hombre pese al retraso mental alegado por la defensa
El Estado de Tejas ejecutó en la noche del martes a un hombre de 54 años, condenado por el asesinato de un informador de la policía, a pesar de las alegaciones de sus abogados y su familia de que su coeficiente intelectual era de 61, considerablemente por debajo de 70, algo que podría haber sido indicador de retraso mental leve. En la jornada de ayer, horas antes de la ejecución, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a admitir el caso a trámite por la vía de urgencia, permitiendo su ejecución por inyección letal.
Marvin Wilson falleció a las 18.27, hora de Tejas —siete horas más en la España peninsular—, en la localidad de Huntsville, 14 minutos después de que se le inoculara una elevada dosis del barbitúrico pentobarbital. Según aquellos reunidos en la sala de ejecuciones, saludó y sonrió a sus tres hermanas y a su hijo, antes de decir: “Todos sabéis que vine aquí como un pecador y me voy como un santo. Jesucristo, llévame a casa”. A su hijo le pidió que no llorara, y a su familia, que la vería “en el cielo”. No dio señales de reconocer la presencia en la sala de los familiares de su víctima.
A Wilson se le condenó en Tejas por el asesinato, en 1992, de un informante de la policía, Jerry Williams, de 21 años. Días antes, la policía había registrado la casa de Wilson, y había encontrado en ella 24 grados de cocaína. En el juicio, la fiscalía alegó que Wilson y un cómplice, Andrew Lewis, le dieron a Williams una paliza fuera de una tienda en la localidad de Beaumont. Ambos secuestraron a la víctima, que posteriormente fue encontrada muerta, desfigurada y con un disparo en la cabeza.
La mujer de su cómplice testificó en el juicio que Wilson había confesado ante ella y otros testigos que había sido él quien había matado al informante. Wilson recibió entonces la condena a muerte, y su cómplice una cadena perpetua. Comenzó posteriormente una serie de apelaciones en las que los abogados de Wilson mostrarían un test de coeficiente intelectual, efectuado en 2004, en el que quedaba reflejado que el reo no superaba la puntuación de 61, considerada dentro del abanico de retraso mental leve educable.
Sin embargo, diversos tribunales les dieron la razón a los fiscales, que mantuvieron que el test y las condiciones en que se realizó no eran fiables y que había otras pruebas psicológicas que demostraban que Wilson era competente. Su abogado defensor, Lee Kovarsky dijo en su apelación ante el Supremo que Wilson “nunca tuvo capacidades de lengua y matemáticas más allá de un nivel de primaria” y que era incapaz de llevar sus cuentas, pagar sus facturas o tener un puesto de trabajo estable.
La defensa confiaba en que el Supremo admitiera el caso a trámite horas antes de la ejecución. En 2002 la máxima instancia judicial de EE UU había ilegalizado la pena de muerte para aquellas personas que padecen retraso mental certificado por los médicos. El problema, en aquella sentencia, es que los jueces dejaron en manos de los diferentes Estados que decidieran qué es retraso mental y qué pruebas se admiten para certificarlo. Tejas no acepta como prueba única el test de coeficiente intelectual, sino que exige evidencias de discapacidad en la conducta del reo.
“Que ni las cortes no los altos funcionarios del Estado hayan detenido esta ejecución hoy no sólo es un fallo escandaloso de lo que en su día fue un compromiso constitucional muy prometedor, es también un recordatorio de que, como sociedad, no hemos llegado tan lejos como para comprender cómo algunos entre nosotros viven con discapacidades mentales”, dijo el abogado Kovarsky tras conocer la negativa del Supremo, según informó la agencia Associated Press.
El Gobierno de Tejas disiente. Edward Marshall, asistente del fiscal general de ese Estado calificó a Wilson de “manipulador y engañoso cuando le resultaba beneficioso”. “Dado el estilo de vida de criminal, de traficante de drogas, de jugador callejero, que llevó desde edad temprana, era, obviamente, muy competente a la hora de gestionar su dinero. El que no tuviera un puesto de trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde no es un fallo crítico”.
Marvin Wilson falleció a las 18.27, hora de Tejas —siete horas más en la España peninsular—, en la localidad de Huntsville, 14 minutos después de que se le inoculara una elevada dosis del barbitúrico pentobarbital. Según aquellos reunidos en la sala de ejecuciones, saludó y sonrió a sus tres hermanas y a su hijo, antes de decir: “Todos sabéis que vine aquí como un pecador y me voy como un santo. Jesucristo, llévame a casa”. A su hijo le pidió que no llorara, y a su familia, que la vería “en el cielo”. No dio señales de reconocer la presencia en la sala de los familiares de su víctima.
A Wilson se le condenó en Tejas por el asesinato, en 1992, de un informante de la policía, Jerry Williams, de 21 años. Días antes, la policía había registrado la casa de Wilson, y había encontrado en ella 24 grados de cocaína. En el juicio, la fiscalía alegó que Wilson y un cómplice, Andrew Lewis, le dieron a Williams una paliza fuera de una tienda en la localidad de Beaumont. Ambos secuestraron a la víctima, que posteriormente fue encontrada muerta, desfigurada y con un disparo en la cabeza.
La mujer de su cómplice testificó en el juicio que Wilson había confesado ante ella y otros testigos que había sido él quien había matado al informante. Wilson recibió entonces la condena a muerte, y su cómplice una cadena perpetua. Comenzó posteriormente una serie de apelaciones en las que los abogados de Wilson mostrarían un test de coeficiente intelectual, efectuado en 2004, en el que quedaba reflejado que el reo no superaba la puntuación de 61, considerada dentro del abanico de retraso mental leve educable.
Sin embargo, diversos tribunales les dieron la razón a los fiscales, que mantuvieron que el test y las condiciones en que se realizó no eran fiables y que había otras pruebas psicológicas que demostraban que Wilson era competente. Su abogado defensor, Lee Kovarsky dijo en su apelación ante el Supremo que Wilson “nunca tuvo capacidades de lengua y matemáticas más allá de un nivel de primaria” y que era incapaz de llevar sus cuentas, pagar sus facturas o tener un puesto de trabajo estable.
La defensa confiaba en que el Supremo admitiera el caso a trámite horas antes de la ejecución. En 2002 la máxima instancia judicial de EE UU había ilegalizado la pena de muerte para aquellas personas que padecen retraso mental certificado por los médicos. El problema, en aquella sentencia, es que los jueces dejaron en manos de los diferentes Estados que decidieran qué es retraso mental y qué pruebas se admiten para certificarlo. Tejas no acepta como prueba única el test de coeficiente intelectual, sino que exige evidencias de discapacidad en la conducta del reo.
“Que ni las cortes no los altos funcionarios del Estado hayan detenido esta ejecución hoy no sólo es un fallo escandaloso de lo que en su día fue un compromiso constitucional muy prometedor, es también un recordatorio de que, como sociedad, no hemos llegado tan lejos como para comprender cómo algunos entre nosotros viven con discapacidades mentales”, dijo el abogado Kovarsky tras conocer la negativa del Supremo, según informó la agencia Associated Press.
El Gobierno de Tejas disiente. Edward Marshall, asistente del fiscal general de ese Estado calificó a Wilson de “manipulador y engañoso cuando le resultaba beneficioso”. “Dado el estilo de vida de criminal, de traficante de drogas, de jugador callejero, que llevó desde edad temprana, era, obviamente, muy competente a la hora de gestionar su dinero. El que no tuviera un puesto de trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde no es un fallo crítico”.
Fuente: elpais.com
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