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Eldar Magomedov y Muhamed Adamov, los dos presuntos terroristas de Al Qaeda detenidos el jueves en Almuradiel (Ciudad Real), en una parada de su viaje de Cádiz a Irún para pasar después a Francia, ingresaron ayer en prisión provisional incondicional. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz así lo ordenó, imputándoles los delitos de pertenencia a banda armada y tenencia de explosivos.

Ruz considera que los indicios obrantes en la investigación, llevada a cabo por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, “pudieran racionalmente sugerir la preparación de algún tipo de acción de carácter o finalidad terrorista”. No precisa nada más, pero la hipótesis que barajan los investigadores es que pudiera estar preparándose un atentado en el Peñón desde el aire. Un tercer detenido (en prisión desde el viernes), el turco Cengiz Yalcin, era aficionado al parapente y al aeromodelismo y recibía clases de vuelo, al igual que hicieron durante su estancia en España los rusos de origen checheno. Yalcin había pedido a su instructor fotos aéreas de un centro comercial en Gibraltar, “costaran lo que costaran”, supuestamente para unas obras que iba a iniciar la constructora y promotora gibraltareña en la que trabajaba desde 2008 como ingeniero de obras.

El material fotográfico y videográfico que ha entregado la policía también apuntaría, según el juez, en esta dirección. En uno de los vídeos aparece Yalcin, afirman fuentes de la lucha antiterrorista, haciendo volar un avión teledirigido grande, de unos dos o tres metros. En un momento dado, el avión hace una maniobra de descenso y deja caer un paquete desde el aire. En tierra, Yalcin celebra visiblemente su logro.

El Ministerio del Interior respiró tranquilo con la decisión de Ruz. El ministro Jorge Fernández corría un serio riesgo ayer: que la operación policial, de la que él había informado en rueda de prensa y que había definido como “una de las más importantes” de los últimos años contra el terrorismo islamista, no concluyera con el ingreso en prisión de los arrestados. Ruz sí había enviado a la cárcel el viernes a uno de ellos, Yalcin —el ingeniero turco afincado en Gibraltar desde hace al menos seis años y arrestado en La Línea de la Concepción (Cádiz)—, pero porque la policía había hallado en su casa 150 gramos de explosivo.

En el caso de los chechenos había un problema: solo había contra ellos indicios basados en informes de los servicios de inteligencia de EE UU, Reino Unido y Francia, y nada suficiente para sostener una acusación judicial. Las autoridades judiciales y policiales francesas, de hecho, estaban molestas con la actuación española porque creían que el caso no estaba listo para ser judicializado y que Interior se había precipitado.

Ruz no detalla los indicios en su contra para proteger la cooperación judicial
Ruz concedió a la policía 48 horas más para que le proporcionaran más pruebas que sustentaran la imputación. Con el nuevo material, el magistrado ordenó ayer el ingreso en prisión de los dos rusos tras tomarles declaración y después de que así lo solicitara el fiscal. Es difícil saber qué ha cambiado exactamente desde el viernes, porque las razones concretas para decretar la prisión no están del todo precisadas en la resolución. El motivo, según el juez, es que así lo aconsejan “el estado actual de la instrucción” y “la buena marcha de la cooperación judicial”.

Los países que han aportado datos tienen investigaciones en marcha que pueden verse comprometidas si la información de la que disponen sale a la luz, por lo que en un primer momento se mostraron reacios a entregar algunos datos delicados de los que disponían. Finalmente, y por la convicción de que se trata de individuos peligrosos que no deben estar en la calle, se avinieron a aportar información siempre y cuando fuera tratada con la máxima discreción.