José Manuel de la Sota envió el miércoles una carta al gobierno nacional para exigir que se le abonen los 2.100 millones de pesos que se le adeudan para el pago de jubilaciones y obras. De todos modos, el gobernador garantizó luego el pago de los haberes de los empleados estatales.
"Tenemos previsto los sueldos y los aguinaldos porque tenemos una provincia que se administra con corrección", aclaró el mandatario cordobés. Su preocupación, señaló, respondió a que las cifras de los "primeros quince días de coparticipación" encendieron "una luz amarilla" debido a que fueron las "más bajas" recibidas "en los últimos dos o tres años".
En ese sentido, sembró un manto de sospechas sobre la distribución de dinero que el oficialismo realiza con las provincias: "La recaudación de Córdoba sube ingresos brutos ¿y a la Nación le baja el IVA? Si siempre van juntos Ingresos Brutos y el IVA. Me extraña".
De la Sota ratificó además el reclamo por los 1.040 millones de pesos que la Nación le adeuda para el pago de jubilaciones. "Pido que nos devuelvan lo que le prestamos al gobierno nacional (en concepto de coparticipación). El Gobierno se comprometió para el 2010 y 2011 a aportarnos unos fondos que a otras provincias no les da, porque transfirieron sus cajas de jubilaciones y nosotros no. Reclamamos que nos den lo mismo que a las que han transferido sus sistemas jubilatorios", solicitó en diálogo con Cadena 3.
"Le propuse al gobierno nacional que me pague los 311 millones de pesos que le iba a pagar a Juan Schiaretti y no sé por qué no le pagaron en noviembre del año pasado. Y que los otros 700 millones que faltan me otorgue un crédito del Banco Nación: Córdoba paga los intereses y que la Nación le devuelva el capital al banco cuando tenga la plata para devolverle. No hay una posición más racional y moderada", propuso.
"Si bien no hemos conseguido soluciones a nuestro pacífico reclamo, seguiremos dialogando y recurriendo a los poderes de la República para recuperar lo que es de nuestra gente", concluyó.
El economista Rubén Lo Vuolo advierte que el crecimiento económico ilimitado es inviable en un planeta de recursos finitos y cuestiona la capacidad del mercado para liderar una transición ecológica voluntaria sin intervención estatal.