Una semana después de encauzar los problemas fiscales para pagar el aguinaldo bonaerense, el Gobierno le puso una nueva disyuntiva al gobernador Daniel Scioli: para convalidar el aumento en las tarifas de luz de hasta el 28% que otorgó el martes sin generar un nuevo cortocircuito con la presidenta Cristina Fernández, deberá aplicar una ajuste en la factura final de algunos usuarios equivalente al doble del aumento otorgado.
Eso se debe a que el Gobierno dispuso, a principios de año, reducir los subsidios a las provincias que ordenen incrementos de manera equivalente a la suba. El ministro de Planificación, Julio de Vido, fue el encargado de recordarle a Scioli ese detalle: “Aquellas provincias que, en total autonomía, decidan redefinir las políticas tarifarias de sus distribuidoras eléctricas estarán sujetas a que el Estado Nacional consecuentemente asuma su potestad de fijar los niveles de subsidios a la generación, que aplica a cada una de ellas”, afirmó el funcionario. El mismo enunciado le cabe a Salta, que otorgó una suba de un 14,5%, por lo que corre la misma situación.
El martes, Scioli le otorgó aumentas tarifarios a Edelap, Eden, Edea, Edesa y unas 200 cooperativas que prestan el servicio de distribución eléctrica en la provincia. En el caso de Edelap, que atiende a la zona de La Plata, un 65% de los usuarios residenciales tendrán un ajuste de $ 7 (aproximadamente el 15%) en sus futuras boletas de luz. Pero como el Gobierno le quitará una parte proporcional al aumento, sufrirán una suba total de $ 14, dado que Scioli no reclamará por la quita de subsidios ante la Justicia ni sacará de las finanzas provinciales la diferencia (es algo similar a lo que hizo Jujuy).
No es un detalle que no hayan tenido en cuenta en el entorno del gobernador. Un funcionario cercano a Scioli confirmó a El Cronista que la decisión de aumentar tarifas “es una especie de DNU para evitar que la ciudad y sus alrededores se queden a oscuras en agosto”. Y agregó que no se trata de “un aumento significativo”.
Hacía referencia en particular a Edelap. La distribuidora estuvo hasta noviembre del año pasado bajo la órbita nacional, casi sin recibir ajustes de tarifa. Es por eso que por una factura de 400 kilowatts por hora recibe $ 48, mientras que en otros puntos de la provincia el número asciende a $ 160. En algunos casos, además, hay consumos que no sufren aumentos desde 1992.
En esas condiciones, la empresa incumplió la semana pasada un pago con Cammesa, la empresa mixta que administra el mercado eléctrico, y se encuentra en una compleja situación económico–financiera.
Scioli tendrá, podrá, al menos determinar de qué manera reorganiza los menores subsidios.
Frente de conflicto
Otras provincias recorrieron antes el camino que ahora toma Buenos Aires. Los casos más resonantes son los de Córdoba y Santa Fe, que aplicaron aumentos de tarifas en sus distribuidoras provinciales a través de Epec y Epe, respectivamente, y sufrieron una quita equivalente de subsidios. Pero Juan Manuel de la Sota y Antonio Bonfatti no aceptaron la decisión del Gobierno y plantearon recursos en la Justicia. Es por eso que dejaron de pagar una parte suculenta de la factura eléctrica a Cammesa. De acuerdo con los números que manejaba el organismo mixto hasta julio, según datos a los que accedió El Cronista, la firma cordobesa le debía al Estado casi $ 116 millones, y la santafesina unos $ 100 millones. En la contabilidad oficial figuran como “agentes con medida judicial contra normas de la Secretaría de Energía”.
El economista Rubén Lo Vuolo advierte que el crecimiento económico ilimitado es inviable en un planeta de recursos finitos y cuestiona la capacidad del mercado para liderar una transición ecológica voluntaria sin intervención estatal.