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El Senador por el Departamento La Capital, Hugo Marcucci, propuso un paquete de iniciativas como un aporte a la seguridad, con la finalidad a generar mayor participación ciudadana en la designación de autoridades policiales, la creación de una policía judicial y la ampliación de los alcances del Consejo Provincial por la Seguridad.

Se trata de tres proyectos de Ley ingresados por el Senador departamental en la Cámara Alta. Cada uno de ellos posee diferentes objetivos, y apuntan a otorgarle un rol activo a la comunidad, al estudio acabado de la problemática y a una planificación geopolítica más precisa.


La primera de las iniciativas busca darle participación a la comunidad en la toma de decisiones gubernamentales, relacionadas con la designación del Jefe de la Policía de la Provincia, y la de los Jefes de Unidades Regionales. "Nos moviliza la necesidad de reconocer la participación del vecino y la idea de que su intervención potenciará su legitimidad y repercutirá positivamente en el desarrollo de su futuras tareas", manifestó Marcucci.

Es una modificación a la ley 7.395, por la cual se propone que en cuanto al nombramiento del Jefe de la Policía, los ciudadanos y Organizaciones no Gubernamentales podrán presentar ante el Ministerio de Seguridad, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones, y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de la futura designación. Y en referencia a la designación de los Jefes de las Unidades Regionales, se instituye un mecanismo de impugnación y de consulta ciudadana e institucional de carácter previo a la toma de la decisión: "se prevén tres instancias de participación. La apertura de un Registro de oposición, la solicitud de opinión a Intendentes y presidentes comunales, y la realización de audiencias públicas", señaló el Senador. Además, aclaró que la iniciativa fue ideada como un dispositivo previo a la toma de decisión, y no vinculante, resguardando así la potestad constitucional a favor del Gobernador.


Otra de las propuestas ingresadas por Marcucci en materia de Seguridad, plantea la creación de una Policía Judicial destinada a investigar los delitos y llevar adelante las funciones que se establezcan en el Código de Procedimientos Penales, en el ámbito y bajo la dependencia del Ministerio Público de la Acusación.

Conjuntamente con la investigación de los delitos, el Proyecto expresa que el órgano podrá "asistir a los fiscales en lo Penal, en la instrucción de los sumarios cuando se investigue la presunta comisión de delitos que den lugar a la acción pública, practicar las diligencias probatorias que se le encomienden, controlar observancia de las normas relativas a los derechos y garantías de los testigos, víctimas e imputados, y de toda otra persona involucrada en la investigación, brindar información a los letrados que concurran al lugar donde desempeñan sus funciones, o prestar toda la colaboración requerida por jueces o tribunales colegiados, de cualquier fuero."

Consultado por las áreas que conformarían el órgano auxiliar, Marcucci precisó que estaría a cargo de un Director, secundado por un Subdirector, e integrada con dos Secretarías, una de Sumarios y Asuntos Judiciales, y otra correspondiente a la Policía Científica. "Asimismo –señaló–, contaría con gabinetes técnicos relativos a la medicina legal, psicología, dactiloscopia, caligrafía, fotografía, balística, y cualquier otra área en orden a la evolución científica y tecnológica."

En cuanto a la finalidad propia del órgano propuesto, su autor explicó que "cuando hablamos de policía en función judicial, queremos decir que sus miembros tienen una tarea específica en el proceso penal, y en cumplimiento de esas tareas intervienen cuando se está cometiendo un delito o después de cometido, obrando como auxiliares del proceso, en base a instrucciones recibidas, permitiendo a la otra policía dedicarse a las tareas que le son propias, como ser, la prevención del delito."


Por último, el Senador departamental detalló un tercer proyecto de Ley presentado que "propone modificaciones en la legislación que regula al Consejo Provincial por la Seguridad, ampliando sus alcances a órbitas departamentales y locales, y actualizando su composición y sus ámbitos de actuación."

"Entendemos que el Consejo es una instancia de consulta y contralor permanente tendiente a profundizar el estudio de la situación de inseguridad, y por ello consideramos pertinente una participación más abarcativa, en donde esté presente el Poder Judicial, los Presidentes de las Comisiones con incumbencia en materia de Seguridad, representantes de Gobiernos y de los Concejos Deliberantes en los Departamentales y Locales, y el Ministerio Público de la Acusación", fundamentó Marcucci.

Tras las modificaciones, el Consejo Provincial y los Departamentales funcionarían en la esfera del Ministerio de Seguridad de la Provincia, mientras que los Consejos Locales estarían bajo la órbita Municipal o Comunal, siendo competencia del Intendente o Presidente Comunal realizar su convocatoria.