El Congreso de Estados Unidos ha declarado en desacato al fiscal general, Eric Holder, por negarse a entregar unos documentos relativos a la operación conocida como Fast and Furious. Horas antes, el presidente Barack Obama, a petición de Holder, había decidido hacer uso de su privilegio ejecutivo de no entregar esa información por razones de seguridad.
El propio Holder, en un comunicado publicado en la web del Departamento de Justicia, ha insistido en que su oposición a entregar determinados documentos al Capitolio estaba justificada por su "obligación legal de proteger la información relacionada con investigaciones en curso y con datos confidenciales cuya publicidad podría poner en peligro al pueblo americano". Tras dejar claro que su oficina siempre ha colaborado con la investigación del Congreso, el fiscal general ha lamentado la decisión de los legisladores y ha asegurado que seguirá en su puesto para proteger los derechos civiles y la seguridad. "Los ciudadanos se merecen algo mejor que esto", concluye la nota.
El comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes –de mayoría republicana- ha discutido durante todo el día si consideraba en desacato a Holder por no entregar la información solicitada sobre la polémica operación clandestina Fast and Furious, que se investiga en el Congreso y que permitió en el año 2009 el traspaso de cerca de 2.000 armas de fuego de EEUU a México con el objetivo final de seguirlas e identificar a los traficantes de drogas y a otros criminales que las usaran.
Es la primera vez que se declara en desacato al máximo representante de la ley en EE UU
El problema es que de la gran mayoría de esas armas se perdió el rastro y el resto comenzaron a aparecer en crímenes a ambos lados de la frontera. La operación encubierta quedó expuesta a la luz pública -y por tanto fuera de juego- cuando se hallaron dos de esas armas en el lugar donde fue asesinado el agente de fronteras Brian Terry, en Arizona, en diciembre de 2010.
La votación – 23 votos contra 17- convierte a Holder en el primer miembro del Gabinete de Obama en ser considerado en desacato por un comité del Congreso y supone la primera vez en la historia que se hace con el máximo representante de la ley en EE UU. En 1998, otro comité de signo también republicano recomendó considerar en desacato a la entonces fiscal general Janet Reno debido a unos documentos relativos al impeachment del presidente Bill Clinton, pero tal medida nunca llegó a ser votada por la totalidad de la Cámara de Representantes –lo que sucederá en el caso de Holder la semana que viene-.
La idea de declarar al secretario de Justicia en desacato surgió después de que el legislador republicano Darrell Issa –presidente del Comité- y el propio Holder no lograran llegar a un acuerdo en la reunión de 20 minutos que tuvieron en el Capitolio el martes por la noche respecto a la entrega de documentos para la investigación. "Si no recibimos los documentos, proseguiremos", dijo Issa. Holder declaró que no entregaría los papeles solicitados y, además, recurrió al presidente.
La investigación del Congreso lleva abierta más de un año, pero a cinco meses de las elecciones presidenciales hay que leer sus resultados en clave electoral. Los demócratas acusan a los republicanos de “orquestar una expedición sin sentido con el dinero de los contribuyentes en año electoral”, según ha declarado el director de comunicación de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer.
Por su parte, el senador republicano Charles Grassley, que ha estado muy involucrado en una investigación paralela a cargo del Senado, sostuvo que “la invocación del privilegio ejecutivo plantea cuestiones monumentales”. “¿Cómo puede el presidente afirmar el privilegio ejecutivo si la Casa Blanca no ha estado involucrada y se supone que el presidente no ha visto jamás los documentos?”, indicó Grassley.
Desde 1980 la Casa Blanca ha esgrimido el privilegio ejecutivo en al menos 25 ocasiones. Quien más veces recurrió a ese derecho fue Bill Clinton, quien invocó en 14 ocasiones sus atribuciones para retener materiales pedidos por los legisladores. El presidente George W. Bush lo utilizó seis veces; el presidente George H.W. Bush lo hizo sólo una y su predecesor Ronald Reagan invocó el privilegio tres.
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