La presentación judicial fue impulsada por el abogado Iván Carrión, junto a los letrados Alejo Almirón Petrone y Federico Alberto, en representación de una paciente de 42 años oriunda de la localidad de Felicia que en abril de 2025 ingresó al Sanatorio Diagnóstico para someterse a un vaciamiento uterino. Pese a tratarse de una intervención de baja complejidad, a la mujer le administraron una dosis de fentanilo contaminado, desencadenando un cuadro crítico que derivó en tres meses de internación en terapia intensiva y su posterior traslado a un centro especializado en San Jerónimo Sud.
A raíz de la sustancia adulterada, la paciente salvó su vida pero quedó con severas secuelas fisiológicas que le impiden volver a su hogar. Actualmente permanece alojada en el SAMCo de Felicia, donde requiere alimentación por bomba, un sistema permanente de traqueostomía y recién en el último tiempo ha comenzado a dar algunos pasos. Al evaluar el impacto sobre la víctima, Carrión remarcó que la paciente "entró caminando y todavía no podemos lograr que recupere mínimamente el 20% de la capacidad volitiva".
En materia de responsabilidades, la querella enfoca sus reclamos directamente hacia el centro médico de la capital provincial. El abogado desestimó el argumento de que el sanatorio quede eximido de culpa por haber adquirido el fármaco de buena fe a una droguería. Sobre este punto, remarcó: "No estamos hablando de un derecho de propiedad real, sino la aplicación lisa y llana de un proceso médico que tiene que ser no solamente integral, sino lograr la recuperación del paciente".
Frente a esta situación, la defensa solicitó formalmente el aseguramiento de pruebas y evalúa el encuadre penal y civil que aplicará contra la institución. Si bien el proceso principal por los lotes del medicamento se tramita en el fuero federal de La Plata, Carrión sostuvo que los tribunales santafesinos deben dar respuesta local a la damnificada. "Creemos que el acceso a la justicia tiene que ser garantizado en la provincia de Santa Fe", aseveró el entrevistado.
Por otra parte, el profesional visibilizó la falta de acompañamiento del Sanatorio Diagnóstico hacia la familia de la paciente, que debió afrontar un severo perjuicio económico durante la internación. El esposo de la mujer, un trabajador comunal de Felicia con un ingreso de 1.300.000 pesos, gastaba cerca de un millón de pesos mensuales para viajar a visitarla al sur provincial. "En ningún momento ninguno de los personas del sanatorio se acercó mínimamente a preguntarle cómo estaba o cómo proseguía", cuestionó Carrión al calificar la actitud del sanatorio como una "responsabilidad a medias tintas".
Finalmente, el abogado subrayó que Santa Fe se convirtió en una de las provincias más castigadas por la crisis del fentanilo contaminado, registrando al menos 14 personas fallecidas e innumerables afectados con secuelas. En ese marco, instó a otras víctimas a sumar sus reclamos en la búsqueda de justicia. "Creemos que es una de las tragedias más importantes de los últimos diez años por una aplicación médica", concluyó Carrión.