La Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para frenar la explotación de hidrocarburos vinculada al proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno concretó la presentación después de que venciera el plazo de dos semanas que había otorgado al Reino Unido para detener esas actividades.
El pedido apunta a impedir que el emprendimiento avance mientras se desarrolla el procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre. Según la posición argentina, las autorizaciones británicas para explotar recursos en el área son unilaterales y vulneran los derechos soberanos que el país sostiene sobre su plataforma continental.
Qué busca frenar la Argentina
Además de solicitar que se impida el inicio o la continuidad de la explotación petrolera, la Cancillería pidió que el Reino Unido se abstenga de otorgar nuevos permisos que puedan agravar la controversia.
El planteo también incluye la protección del medio marino y un pedido para evitar que la información obtenida durante la exploración de los recursos sea utilizada en perjuicio de los derechos argentinos. El canciller Pablo Quirno informó esos puntos al detallar el alcance de la presentación.
Un pedido urgente dentro del arbitraje
La solicitud se apoya en un mecanismo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que permite pedir medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral. Su finalidad es preservar los derechos de las partes o prevenir daños graves al ambiente marino cuando la situación requiere una intervención urgente. La presentación constituye un pedido de freno, no una resolución que ya suspenda las actividades.
Como fundamento del reclamo, el Gobierno argentino invoca las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la disputa de soberanía e instan a ambos países a negociar una solución pacífica. También señala que las partes deben evitar decisiones que modifiquen unilateralmente la situación mientras continúa ese proceso.