Un hombre de 67 años fue condenado a 27 años de prisión por delitos contra la integridad sexual cometidos contra once mujeres cuando eran niñas en la ciudad de Tostado, departamento Nueve de Julio. Nueve de las víctimas pertenecían a su entorno familiar y las otras dos eran vecinas.
La sentencia fue dictada por un tribunal integrado por los jueces Gustavo Bumaguin, Cecilia Álamo y José Boaglio, al finalizar el juicio oral desarrollado en los tribunales de Tostado.
Además de los abusos acreditados, el hombre fue condenado por la tenencia de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.
La identidad del condenado no fue difundida para preservar a las víctimas y evitar su revictimización.
Un fallo clave sobre la prescripción de los abusos
Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue la decisión del tribunal de rechazar los planteos de prescripción formulados por la defensa.
La fiscal Brenda Baños, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate, calificó la resolución como «histórica» y explicó el criterio aplicado por los jueces.
«Si bien la defensa del condenado pidió que se declare la prescripción de abusos sexuales, el tribunal rechazó ese requerimiento porque, de forma sistemática durante 41 años, C. S. B. fue cometiendo nuevos delitos que interrumpían la prescripción de los anteriores», sostuvo.
Baños remarcó que «los hechos de este tipo no deben interpretarse de manera aislada».
Según la acusación que fue llevada a juicio, los delitos se extendieron durante más de cuatro décadas, desde que el condenado tenía 21 años hasta que cumplió 62.
«Se valió de la confianza familiar, de situaciones de convivencia y de la extrema vulnerabilidad de víctimas que sufrieron los ilícitos durante su infancia», afirmó la fiscal.
Once víctimas en diferentes lugares
Durante el juicio se acreditaron delitos contra la integridad sexual cometidos contra nueve niñas pertenecientes al entorno familiar del condenado.
Los hechos ocurrieron en diferentes períodos y lugares: una vivienda en la que residía el hombre, otras dos casas y las instalaciones de una industria donde trabajaba.
«Por el contexto y las características de los abusos, lo sucedido tuvo entidad suficiente para alterar el libre y progresivo desarrollo sexual de todas las víctimas», señaló Baños.
La investigación también alcanzó a otras dos víctimas que eran vecinas del condenado. Según indicó la fiscal, el hombre les entregaba dinero luego de someterlas a prácticas sexuales y, en uno de los casos, tomó fotografías de una de las niñas en ese contexto.
El material encontrado durante un allanamiento
La condena también incluyó la tenencia de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.
Durante un allanamiento en el domicilio del acusado, los investigadores secuestraron una computadora de escritorio que contenía 12 videos y 24 fotografías de contenido sexual en los que aparecían personas menores de edad.
De acuerdo con lo acreditado en el proceso, el condenado tuvo esos archivos en su poder entre octubre de 2011 y mediados de 2024.
Los delitos por los que fue condenado
El tribunal consideró al hombre autor de diferentes delitos contra la integridad sexual, entre ellos abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual simple, abuso deshonesto y violación agravada.
Las agravantes estuvieron vinculadas, según cada uno de los hechos, a que el condenado tenía a su cargo la guarda de las víctimas o se aprovechaba de la convivencia con ellas cuando eran menores de edad.
También recibió condena por promoción de la prostitución de menores de edad agravada, promoción de la corrupción de menores agravada, tenencia de material de abuso sexual infantil y producción de imágenes de contenido sexual de una persona menor de edad.
En tanto, fue absuelto por un hecho de promoción de la prostitución de menores de edad agravada y otro de promoción de la prostitución de mayores.
La investigación y acusación estuvieron a cargo de la fiscal Brenda Baños, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5. El caso fue supervisado por las fiscales Carla Cerliani y Alejandra Del Río Ayala, de la Fiscalía General, luego de la intervención solicitada por la Asociación Civil Foro Reconquista Alcemos La Voz.