El proceso judicial conocido como Laguna Paiva II marca un hito en la historia de las causas por delitos de lesa humanidad en la Argentina. La particularidad de este expediente radica en la tipificación de los delitos: se trata de un proceso calificado como histórico por querellantes y organismos de derechos humanos al juzgar, por primera vez como crímenes independientes, la sustracción, el abandono y los abusos sufridos por 16 niños y adolescentes durante la última dictadura militar.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe dará a conocer este mediodía su veredicto en este juzgamiento emblemático, el cual amplía el alcance de las políticas de memoria, verdad y justicia en el país. Por primera vez se juzga el abandono de niñas y niños que quedaron a su suerte tras la detención o desaparición de sus padres a manos del terrorismo de Estado.
En diálogo con LT10, Luis Larpin, integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, explicó la trascendencia de este fallo y las condiciones extremas a las que fueron sometidas las infancias afectadas.
"Se ha puesto en primer plano esta serie de delitos cometidos contra las infancias que integraban esos grupos familiares. En el juicio Laguna Paiva I se juzgó la persecución, secuestro y tormentos a militantes y familiares. Para llegar a Catalina Páez, secuestraron a cuatro grupos familiares en distintas localidades de la provincia. Todos tenían niños, y a lo largo de los testimonios se pudo reconstruir qué pasó con ellos", detalló Larpin.
El referente de derechos humanos describió la precariedad y el abandono que sufrieron las víctimas: "A un grupo de cinco niños los dejaron solos en una casa de campo precaria tras llevarse a sus padres y a su hermano mayor. Tuvieron que pasar una semana valiéndose por sí mismos. Los más grandes siguieron haciendo ladrillos para conseguir unos pesos y poder comer, hasta que caminaron hasta el distrito cercano a buscar ayuda. Cuando intervino la Cruz Roja, la ayuda consistió en separarlos y albergarlos en distintos lugares".
"Si uno piensa en nuestros entornos familiares o vecinos, lo ocurrido es gravísimo. Todo esto fue ejecutado mediante un operativo militar totalmente organizado: se trasladaron desde Santa Fe hasta la provincia de Buenos Aires en cuatro móviles y un camión para traer detenidos a través de un grupo especializado en la represión", remarcó Larpin.
La responsabilidad del Poder Judicial y las penas solicitadas
Entre los acusados figuran expolicias e integrantes del Poder Judicial de la época, como el exjuez federal Víctor Brusa. "Fue identificado dentro del grupo que actuó en el secuestro y en la toma de declaraciones, que en realidad eran escritos confeccionados para que los firmaran los detenidos. Está probado que el Juzgado Federal de Santa Fe formaba parte del circuito represivo", señaló Larpin.
Respecto a la magnitud de estos crímenes en todo el territorio nacional, Larpin destacó que este juicio sienta un precedente fundamental: "Es algo que se pretende desde el movimiento de derechos humanos y desde las propias víctimas. Al inicio de las audiencias estuvo en Santa Fe Ángela Urondo, hija de Paco Urondo, quien pasó por una situación similar en Mendoza y relevó caso por caso. En La Plata también hay causas en instrucción por el alojamiento de niños en hogares bajo condiciones macabras".
Sobre las penas previstas para la jornada, la querella solicitó la pena máxima de 25 años de prisión para los cuatro acusados en el marco del delito de genocidio, mientras que la Fiscalía pidió penas de entre 8 y 20 años. "Esperamos una pena ejemplificadora. Pasaron casi 50 años, pero eso no es motivo para que no se sancione hoy con la necesaria dureza", concluyó Larpin.