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Con esta ley “damos una respuesta para terminar con el sufrimiento de miles de familias, que padecen la extensión artificial de la vida de los pacientes”, dijo  el senador socialista Rubén Giustiniani en referencia al proyecto de Muerte Digna que se convertirá en ley en la Cámara Alta.

Para Giustiniani esta iniciativa “mejora la democracia porque aumenta los derechos individuales y personalísimos; y que en el campo de la bioética dota de autonomía a las personas en su relación con el sistema de atención de salud”.

Esta ley “es producto de la lucha de madres como Susana Bustamante, mamá de Melina, y Selva Herbón, mamá de Camila, que han trabajado intensamente para lograr esta legislación”, reconoció el legislador.

La iniciativa introduce una modificación a la ley N° 26.529 (“Derechos del Paciente y su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”) y le otorga al paciente terminal el derecho de rechazar tratamientos que extiendan artificialmente la vida y aclara que ningún profesional será penado por cumplir con esa voluntad. Establece, además, la posibilidad de dejar directivas anticipadas.

En el caso de que el paciente no pueda expresar su consentimiento, permite que sean sus familiares o los responsables legales quienes deberán hacer conocer la decisión de no prolongar la agonía.

“Esta norma -continúo el senador socialista- apunta a terminar con el encarnizamiento terapéutico, motivado muchas veces por intereses económicos