El Gobierno introdujo modificaciones de última hora en el Proyecto de Presupuesto 2026 con el objetivo de derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en Discapacidad.
A través de varios artículos incorporados en el texto entre gallos y medianoche, el oficialismo pretende echar por tierra las iniciativas que habían sido votadas por amplias mayorías en ambas cámaras este año, y que incluso habían sido insistidas por más de los dos tercios tras sendos vetos presidenciales.
La sorpresa llegó en la antesala de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada para este mediodía, en la que los libertarios presentaon modificaciones al texto de la ley de leyes, que ya tenía dictamen de mayoría desde antes del recambio legislativo y del inicio de las sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta fin de año.
Concretamente, el artículo 75 del nuevo dictamen del mileísmo deroga las leyes 27.793 y 27.795, de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, respectivamente.
Ambas leyes habían sido promulgadas por Milei antes de las generales de octubre, cuando ya no tuvo más remedio que hacerlo, por el rechazo a los vetos. Pero lo hizo suspendiéndolas en los hechos, sin asignarles partidas, con el argumento de que “no hay plata” y de que el propio Congreso debería establecer el origen de los fondos. Como contrapartida, decretó aumentos discrecionales tanto para las partidas universitarias como para los prestadores en discapacidad, aunque los incrementos estuvieron muy por de lo que establecían las propias leyes.
En el caso de la Emergencia en Discapacidad, un fallo de la justicia federal de Campana vigente desde la semana pasada obliga al Gobierno a aplicarla sin miramientos, con los fondos necesarios para que los prestadores y las instituciones de apoyo recuperen lo perdido por el ajuste oficial desde diciembre de 2023.
Además, el oficialismo incorporó otro artículo, el 77, que modifica el artículo 9 de la ley 13.478 y elimina así la posibilidad de otorgar una pensión a personas con certificado único de discapacidad, otro de los derechos reconocidos en la ley de Emergencia.