El Ministerio Público Fiscal solicitó ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza que el exjuez federal de esa provincia Walter Ricardo Bento sea declarado responsable como jefe de una asociación ilícita que, según la acusación, cobraba coimas a cambio de beneficios procesales, y también como autor de otros nueve delitos. Además, se señaló la presunta responsabilidad penal de otras 24 personas, entre las que se encuentran su esposa y uno de los hijos del exmagistrado.
Durante todo el debate -iniciado hace más de dos años-, la representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de la fiscal general con funciones de coordinación del distrito Mendoza, María Gloria André; el titular de la Unidad Fiscal Mendoza, el fiscal general Dante Marcelo Vega; el titular de la PROCELAC, el fiscal general Diego Velasco; y la auxiliar fiscal Ileana Schygiel, quien es coordinadora del Área de Delitos contra la Administración Pública de esa oficina especializada en criminalidad económica.
Según lo expuesto por los fiscales a lo largo de su alegato -que concluyó el viernes pasado-, la investigación estableció que desde 2007 existía una asociación ilícita destinada a obtener dinero o bienes a cambio de beneficios judiciales ilegítimos otorgados por Bento.
El mecanismo funcionaba en general tras la detención o imputación, donde se ofrecía libertad, reducción de medidas coercitivas o desvinculación del proceso a cambio de sobornos en dólares, inmuebles o automóviles. La impunidad se aseguraba mediante sobreseimientos, faltas de mérito o recalificaciones menos graves, dictadas por Bento.
Según la acusación, los arreglos se pactaban directamente con los acusados o sus familiares, y siempre invocando la voluntad del juez Bento como condición indispensable para acceder al beneficio.
El juicio
El debate oral comenzó el 26 de julio de 2023 y lleva hasta el momento más de 130 audiencias. Casi cien de esas jornadas estuvieron destinadas a la producción de prueba en las que declararon alrededor de 300 testigos, se analizaron cientos de miles de páginas de documentación física y decenas de terabytes de información digital.
A lo largo del juicio, se ventilaron 14 casos diferentes de pago de sobornos a cambio de resoluciones judiciales. Entre los acusados, además del exjuez federal y su familia (todos exfuncionarios judiciales), hay un excomisario jefe de dos de las cuatro zonas de la División de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de Mendoza y ocho abogados acusados de intervenir en el pago de coimas.
El juicio comenzó con 33 imputados, tres de los cuales accedieron a la suspensión del juicio a prueba y otros dos fallecieron. De los 28 restantes, la fiscalía formuló acusación respecto de 25. El pedido de penas se realizará en un posterior juicio de cesura.
El debate continuará el 10 de septiembre con los alegatos de las defensas, y se espera que el proceso concluya antes de fin de año.
La estructura de la organización
La organización era liderada por Bento, a quien se lo acusó como jefe de la asociación ilícita y por los delitos de cohecho, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen ilícito, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.
Los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego fueron acusados por ser organizadores de la asociación ilícita y por distintos casos de cohecho, entre otros delitos.
El excomisario José Gabriel Moschetti, los abogados Matías Aramayo, Martín Ríos, Javier Angeletti y Luis Francisco Álvarez, así como el condenado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso, fueron acusados como miembros de la asociación ilícita y también por la comisión de múltiples delitos en ese marco.
Además, se solicitó la declaración de responsabilidad penal de diversos sobornadores (entre los que hay otro miembro de la Policía de Mendoza y otros dos abogados).
En cuanto a los delitos de índole patrimonial, también se acusó a la esposa del exjuez, Marta Boiza, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen ilícito, entre otros delitos, y a Nahuel Bento -exsecretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza e hijo del exmagistrado- por el delito de lavado de activos de origen ilícito.
El alegato del MPF
El alegato de la fiscalía se inició el 11 de abril último e insumió 29 audiencias en las que se detallaron los hechos y las pruebas desarrolladas en el debate y que lograron reconstruir la existencia de una organización criminal liderada por el exjuez federal.
La primera parte del alegato, a cargo de los fiscales André y Vega, se centró en la actuación de la asociación ilícita, los casos de sobornos, los prevaricatos y los demás delitos imputados.
En las últimas audiencias, el alegato estuvo a cargo del fiscal general Velasco y de la auxiliar fiscal Schygiel, de la PROCELAC, quienes se encargaron de desentrañar los aspectos patrimoniales y económicos de los delitos por los que Walter Bento, su esposa y dos de sus hijos fueron llevados a juicio.
Luego de un pormenorizado análisis de la prueba patrimonial producida, Velasco resaltó que los sobornos percibidos habían alcanzado, por lo menos, la suma de U$S 1.700.000. Los funcionarios de la PROCELAC mantuvieron la acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos con relación al matrimonio y por el delito de lavado de activos respecto a uno de sus hijos.
El cierre del alegato del MPF estuvo a cargo de la fiscal general André quien destacó que se analizó la situación de más de 30 personas acusadas de una multiplicidad de delitos. Se sostuvo su acusación por asociación ilícita, cohecho, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen ilícito, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial, ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba y violación de secretos, entre otros.
“Esta es la causa de una organización criminal que desde el interior mismo de este edificio se dedicó a lo largo de años a cometer distintos delitos que tenían como epicentro el cobro de sobornos a cambio de resoluciones judiciales”, señaló André durante su alegato.
Y agregó: “Es momento entonces de que la ciudadanía escuche también que las instituciones existen, están acá, funcionan y reaccionan ante estos graves delitos; que la ley y las normas rigen; que quienes las incumplen son castigados y que la corrupción y la ilegalidad que hemos visto en este juicio son sancionadas y no quedan impunes”.