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El diputado nacional Jorge Mario Álvarez (UCR - Santa Fe), acompañado por legisladores del bloque UCR, solicitó la presencia en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, para que brinde un informe detallado del impacto que tendrán las decisiones en la política de subsidios.



Álvarez, recordó que en oportunidad del tratamiento del Proyecto de Presupuesto 2012, “desde la Unión Cívica Radical reclamamos la presencia de funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas y del Ministerio de Planificación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sin éxito”.



Argumentó, además, que “tanto el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración Nacional presentado el 15 de septiembre de 2011, como la ley 26.728 aprobada en diciembre de 2011, contienen partidas asignadas a subsidios del orden de 75000 millones de pesos, que representan alrededor de un 15 por ciento del mismo y que luego de la presentación de dicho proyecto y con posterioridad a la aprobación de la mencionada norma, el gobierno nacional inició recortes en los subsidios”.



Para Álvarez, “es imprescindible como legisladores, tener conocimiento fehaciente de quiénes serán los beneficiarios de los subsidios, del impacto que tendrán en los usuarios, la incidencia de los mismos en función del nivel de ingresos, cómo se distribuirán regionalmente, y cuál será el destino de los recursos ahorrados con el nuevo esquema de subsidios”.



“En los últimos días nos hemos anoticiado de sanciones aplicadas por la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), a la empresa de la energía de Córdoba (EPEC) y a la de Santa Fe (EPE), por no argumentar las modificaciones realizadas en sus cuadros tarifarios”, sostuvo.



“Este castigo sin ninguna duda, se enmarca en la política de ajuste a los servicios públicos puesta en marcha por el gobierno nacional, no como una política de gobierno sino como una reacción ante los $31.000 millones de déficit nacional 2011, encuadrada dentro de las facultades discrecionales del ministro Julio De Vido”, dijo Álvarez, y agregó que “como respuesta a ello, las dos provincias rechazaron por improcedentes las notas de débito que suman 40 millones de pesos para cada una, ya que le descuentan del subsidio exactamente el mismo porcentaje del aumento tarifario”.



“Hoy escuchamos acusaciones cruzadas entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional y, lo que es peor aún, vemos posiciones inexplicables de quienes deberían defender los recursos de sus provincias y alzar sus voces por el ataque continuo al federalismo, a la ley de Coparticipación y a una distribución regional de los subsidios y recursos nacionales”, remarcó Álvarez.



Señaló que “los usuarios pagan un aumento de tarifas que debería utilizarse para realizar inversiones postergadas por años y el mismo es retenido discrecionalmente por la Nación. Sancionar a las distribuidoras eléctricas provinciales, es atacar las autonomías provinciales, y los planes locales de inversiones, destinados a mejorar la calidad del servicio”.



“Tanto la EPEC de Córdoba, como la EPE de Santa Fe, son administradas por empresas provinciales, y en este caso como en el de las Cajas de Jubilaciones, se castiga a quienes las mantienen en órbita del estado provincial, y sería lamentable que las provincias deban recurrir a la Corte Suprema de la Nación”, explicó Álvarez.



Puntualizó que, “la generación y el transporte de la energía, están en manos del gobierno nacional. La distribución, es decir que la prestación del servicio y la infraestructura para la llegada del servicio en media y baja tensión hasta los usuarios (domiciliarios, comercios e industrias), está en manos de las provincias y, por lógica, no es lo mismo Santa Fe que Capital Federal. Por ello no se pueden mezclar las inversiones destinadas a la distribución a un vasto territorio provincial con los subsidios nacionales por distribución eléctrica”.



“Cada provincia tiene la autonomía de determinar los costos de distribución y trasladarlos a los costos a los usuarios, sumados a los valores mayoristas que deben ser iguales para todas las jurisdicciones; esto provoca grandes diferencias según el lugar en que resida el consumidor. Sin dudas es necesario, por razones de equidad y justicia social, recomponer las tarifas para disminuir las asimetrías actuales”, detalló.



Por último, Álvarez remarcó, que “debe discutirse el destino de los subsidios nacionales, que deben ser consecuencia de una política de gobierno y no de una reacción política ante un déficit nacional cada vez mayor”.