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Partidos de izquierda y organizaciones de Derechos Humanos denunciaron que la Gendarmería Nacional realiza actividades ilegales de espionaje contra dirigentes políticos y sociales. La denuncia fue presentada por la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y la dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Myriam Bregman.

Acompañaron la denuncia -entre otros- Javier Hermosilla, delegado gremial en la empresa Kraft; Leonardo Norniella, sindicalista en la planta de PepsiCo; Enrique Kaufman, ex detenido desaparecido; Lidia Espen, abuela de Plaza de Mayo, y la nieta recuperada María Victoria Moyano, entre otros.

Bregman aseguró en declaraciones periodísticas que, tras la denuncia, Gendarmería Nacional reconoció ante la Justicia Federal la existencia de una base de datos ilegal sobre dirigentes gremiales, sociales, estudiantiles, organismos de derechos humanos y políticos. Según indicó, el propio comandante general de la Gendarmería, Héctor Schenone, señaló en un escrito dirigido al juez federal Norberto Oyarbide que existe "una base de datos que se utiliza como herramienta de análisis y orientativa en causas judiciales, como en apoyo informativo a Unidades Operativas".

De acuerdo con la denuncia, los gendarmes espiaron a los dirigentes del conflicto en la empresa Kraft y obtuvieron información de las reuniones de conciliación en el Ministerio de Trabajo, antes que el propio Ministerio, entre otros datos. Además, efectivos de la fuerza se mezclaron en una marcha en repudio al asesinato del militante Mariano Ferreyra. Según declararon efectivos de Gendarmería ante la Justicia, el cruzamiento de datos se hacía bajó la órbita del llamado "Proyecto X". Los organismos denunciantes aseguraron que las actividades de la Gendarmería en este caso violan la ley de Seguridad Interior y el derecho a la intimidad de las personas.

LA LEY ANTITERRORISTA

Partidos políticos, agrupaciones gremiales, sociales y de derechos humanos compartieron una movilización en rechazo a la denominada ley antiterrorista, en momentos en que distintos legisladores de la oposición presentaron un proyecto para reclamar su derogación. En medio de las altas temperaturas que dominaron la Ciudad de Buenos Aires, integrantes de las distintas organizaciones expresaron su repudio a la norma sancionada a fines del año pasado y en un documento consensuado repudiaron "la criminalización de la protesta social".

La marcha fue encabezada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que encabeza Pablo Micheli; Proyecto Sur; la Coalición Cívica; el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST); la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Partido Obrero; la Federación Universitaria de Buenos Aires; Libres del Sur; Izquierda Socialista; el Partido Comunista Revolucionario y la Asociación por los Derechos Humanos de La Plata. También estuvieron Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Nuevo MAS, Proyecto Sur, la Asociación de ex detenidos desaparecidos, Liberpueblo, Unidad Popular, Buenos Aires para Todos y Frente Darío Santillán.

Los manifestantes partieron desde la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio en dirección al Congreso nacional, donde rechazaron con banderas y carteles contra la "criminalización de la protesta social". En la movilización se pudo ver al titular de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas; al jefe de la CC, Adrián Pérez; y a diputados de la Unión Cívica Radical como Ulises Forte; y del Frente Amplio Progresista (FAP) como Gerardo Milman y Jaime Linares. Antes de sumarse a la caminata, los legisladores del bloque que lidera el cineasta y de la Coalición Cívica-ARI presentaron en la Cámara baja un proyecto de ley para derogar la norma aprobada por el Congreso en diciembre de 2011, con el objetivo de cumplir con los requerimientos pedidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).