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Miércoles 15 de Febrero de 2012 - 10:52 hs

Marcha al Congreso contra la ley antiterrorista

Distintas fuerzas políticas y agrupaciones sindicales, sociales y de derechos humanos se movilizarán esta tarde en contra de esa norma aprobada en diciembre al considerar que avanza en contra de la protesta social.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Proyecto Sur, Libres del Sur y la Coalición Cívica, entre otros espacios, participarán de la movilización que está prevista para las 17, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso nacional.

Pese a que había sido invitado el titular de la CGT, Hugo Moyano, finalmente declinó de participar.

El objetivo es reclamar la derogación de la normativa sancionada en diciembre de 2011, que -según afirman- promueve "la represión y criminalización del conflicto social en todo el país hacia los pueblos que luchan por la vida".

Ricardo Peidro, secretario general adjunto de la CTA, aseguró que la "ley no es m s que la profundización de la criminalización de la protesta social".

"Vamos a estar en la calle las veces que sea necesario para que la ley sea derogada", dijo el dirigente.

En un comunicado, sostuvo que "no existe posibilidad de plantear que esta ley no sea un instrumento que en manos de determinados jueces sirva para criminalizar y penalizar el conflicto social, la protesta popular".

"Hoy en Argentina hay miles luchadores sociales procesados por la criminalización de la protesta, aunque nos amparen derechos constitucionales, tratados internacionales de derechos humanos y se trate de cualquier lucha legítima. Bajo esta legislación cualquier lucha social, gremial, territorial puede ser potencialmente caracterizada como terrorista", agregó Peidro.

Las agrupaciones que participar n de la convocatoria rechazan la norma que se aprobó el año pasado en el Congreso, a través de la cual se endurecen las penas para cualquier delito contenido en el Código Penal si se comete por una organización o individuo con la finalidad de generar "terror" en la población o de "obligar a un gobierno a adoptar una decisión o abstenerse de tomarla".