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El Gobierno y los líderes provinciales de los principales distritos petroleros formalizaron ayer un paquete de consignas y planes de acción para aumentar los controles sobre las compañías privadas que extraen crudo y gas, obligarlas a aumentar las inversiones en base a amenazas de quita de concesiones e insistirles con que fomenten asociaciones con empresas más chicas, en especial públicas, tanto nacionales como provinciales.

En paralelo, acusaron a YPF, la mayor petrolera del país, comandada por la familia Eskenazi y la española Repsol, de ser la mayor responsable por la caída en la producción de hidrocarburos y el aumento de importaciones.

Fue el resultado de la reunión que mantuvieron los gobernadores de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego (forman parte de la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos –OFEPHI–) en el Sheraton Libertador. También fueron de la partida los ministros de Planificación, Julio de Vido; de Economía, Hernán Lorenzino; su viceministro, Axel Kicillof –uno de los economistas de confianza de la presidenta Cristina Fernández–; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y Roberto Baratta, coordinador de Planificación.

Todos, junto a los líderes gremiales, le pusieron la firma y le dieron aire fundacional a un documento bautizado Acuerdo Federal de los Hidrocarburos. Tiene tres artículos centrales: el primero fija “como principio rector de la política de Estado en materia de hidrocarburos el autoabastecimiento” petrolero mediante la aplicación del criterio de “máximo desarrollo”, como anticipó El Cronista.
El cuarto, que anticipa que se aplicarán “todas las herramientas legales vigentes con el fin de proceder a la reversión inmediata de aquellos permisos de exploración o concesiones” en las que se compruebe “desinversión”. Y el quinto, en el que pide “incentivar la participación de terceras empresas” en las zonas que no les interesen a las grandes empresas, “preferentemente empresas públicas provinciales y nacionales”.

“En los próximos 15 días haremos una presentación fijando el nivel de producción que tiene cada uno de los yacimientos, cuáles son las inversiones necesarias, qué cantidad tiene para perforar y número de personas empleadas”, explicó al término del encuentro Martín Buzzi, gobernador de Chubut, titular de la OFEPHI y alfil del Gobierno en la avanzada sobre el sector.

Buzzi estimó que se perforan en el país unos 1.300 pozos petroleros por año. Y sostuvo que ese número se debería duplicar para disminuir las importaciones. Por parte del Gobierno, el grupo de trabajo estará conformado por Cameron, Baratta y Kicillof. A partir de esas conclusiones, irán a golpear las puertas de las empresas con demandas muy específicas. “Si no responden favorablemente, habrá sanciones hasta la quita de concesiones”, completó Buzzi.


Aunque la empresa comunicó que el encuentro que mantuvieron el lunes De Vido, Lorenzino y el titular de Repsol, Antonio Brufau, fue “constructivo y positivo”, el documento firmado ayer cargó muy duro contra la petrolera. Los gobernadores sostuvieron que “la caída de producción de petróleo y gas en el país registrada en los últimos 10 años, del orden de 18% y 11% respectivamente”, estuvo asociada a niveles de inversión insuficientes. Y acusaron a “YPF Repsol” de ser el “principal responsable global (perdió 30% y 35% de la producción propia)”.

El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, lamentó que la ex petrolera estatal haya “trabado la renegociación de concesiones” en su provincia y pidió “ver” las inversiones. “Una cosa es que la plata vaya a los yacimientos y otra que vaya al edificio de Puerto Madero”, ironizó.

En el sector llamaron la atención con respecto a un punto: “El Gobierno está rechazando la política energética que tuvo en estos años”.

Los gobernadores también criticaron los anuncios de la empresa en el último tiempo, que “nunca llegaron a consolidar un plan concreto”, por lo que, según el texto, “parecen más apuntar a una especulación bursátil”.
El Cronista accedió a la versión del documento que circuló el miércoles por la tarde, que no hacía referencias a la compañía gestionada por los Eskenazi.

Si bien el texto final es muy similar, varios gobernadores explicaron que hubo que modificarlo a pedido del Gobierno el miércoles por la noche. Diversas fuentes indicaron que esas consideraciones fueron un agregado de último momento a pedido de la Presidenta, que reclamó una versión más .