El Gobierno prepara un nuevo esquema de control de las negociaciones con los gremios por los aumentos de salario, una de las variables político-económicas que más preocupa a la presidenta Cristina Kirchner. El plan oficial es que las paritarias de este año cierren en alrededor del 20 %. Para evitar desbordes más allá de ese número, la mandataria decidió que la cuestión sea monitoreada por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien presidirá una especie de comité integrado también por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada; el de Planificación Federal, Julio De Vido; y la titular de Industria, Débora Giorgi, entre otros.
La luz de alerta se encendió con la primera paritaria del año, el acuerdo que firmó el gremio de aceiteros, con un aumento salarial del 24 por ciento, que escapó al control del Gobierno.
El jefe de la CGT, Hugo Moyano, debilitado en el terreno político, se planta firme en el reclamo gremial para que los sueldos no se queden detrás de la inflación. Y para colmo, en pocas semanas llegará la discusión con los poderosos sindicatos docentes, en general amigos del Gobierno, pero que ya se despacharon con un pedido inicial del 25% .
Todo esto, sin contar que la quita progresiva de subsidios y su reflejo en el alza del costo de servicios como gas, luz, agua y telefonía, va a hacer impacto sobre el bolsillo de muchos trabajadores en blanco, con sueldos medios y altos. El cálculo más optimista que hace el Gobierno es que durante el 2012 al menos se mantenga el mismo nivel de salario real y empleo que existe hoy , confió a este diario un ministro.
Frente a ese panorama social complicado, el Gobierno decidió reforzar el control político para asegurarse que el promedio de aumentos salariales que se fijen este año no sobrepase el tope del 20%, o sea, dos o tres puntos por debajo de la inflación esperada.
Según el proyecto del Gobierno, el jefe de Gabinete comenzaría a coordinar y controlar la información de distintos ministerios desde donde se incide directamente en la negociación salarial o bien se puede reunir información detallada acerca del escenario económico de cada sector privado sobre los que esas negociaciones se desarrollan.
En ese nuevo ámbito puesto bajo la responsabilidad de Abal Medina, en línea directa con la Presidenta , se daría la palabra final desde el Gobierno, a favor o en contra, de los acuerdos salariales a los que lleguen las empresas y sindicatos.
Fuentes oficiales se apuraron a explicar que esta decisión no supone un recorte de funciones para Carlos Tomada , el ministro de Trabajo y habitual protagonista desde el Gobierno de las negociaciones con sindicatos, sino una “ampliación de la lista de actores” que deberán comprometerse en este tema.
La presidenta Cristina Kirchner se ocupa personalmente del asunto: la discusión salarial que comienza y los focos de conflictividad sindical que están aflorando son una de sus preocupaciones centrales, según confiaron a Clarín funcionarios del Gobierno al tanto de estas cuestiones.
Cristina, por ejemplo, conversó en las últimas horas largamente con el ministro Tomada, para conocer datos y dar instrucciones sobre el conflicto con el gremio camionero, que comenzó en el Sur pero ya está haciendo impacto en Buenos Aires (Ver página 6 ).
Un asunto sensible en la discusión salarial, quedó dicho, es el de los docentes. Estas negociaciones, que comienzan en febrero, suelen servir como testigo para los acuerdos posteriores de otros gremios. Pero en ellas hay un actor central que es el Estado, y en especial los estados provinciales que son los que después deben pagar el sueldo a los maestros.
Todavía recuerdan en el Gobierno la discusión encendida que, en los últimos días del año pasado, sostuvieron el ministro de Educación, Alberto Sileoni, con los gobernadores José Alperovich (Tucumán), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y José Luis Gioja (San Juan). Los mandatarios le plantearon al ministro que si el Gobierno no le ponía un límite férreo al acuerdo salarial con los docentes, ellos no garantizaban la estabilidad económica en sus provincias.
Leandro Monjo confirmó por LT10 que un comprador dejó una bala sobre un escritorio y lanzó amenazas tras no poder ingresar fuera del horario permitido. El hecho ocurrió en el Mercado de Productores de Santa Fe y ya interviene la Justicia.