El director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Social, Patricio Griffin, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella, presentaron hoy la normativa de prevención de lavado para cooperativas y mutuales.
Durante el encuentro, que se realizó en el Salón Ramón Carrillo de la cartera social nacional, Griffin precisó que “durante la etapa neoliberal se degradó la estructura y financiación de los órganos de control” y puso como ejemplo el caso del INAES, donde no había computadoras utilizables.
Y destacó luego que hoy se cuenta con “capital humano y técnico suficiente para controlar a unas24.000 cooperativas y mutuales, con 3,8 millones de familias asociadas, las cuales responden por 10% del producto bruto interno (PBI)”.
Además, el titular del Instituto que nuclea a cooperativas y mutuales de todo el país, dependiente del Ministerio que conduce Alicia Kirchner, indicó que las resoluciones respectivas de la UIF (números 11 y 12 de este año) abarcan a todas las cooperativas y mutuales que realicen operaciones de crédito, incluidas las del sector agropecuario, hasta ahora exentas de estos controles.
Por su parte, el titular de la UIF anticipó también que a partir de julio próximo se realizarán operativos de “fiscalización conjunta” de los cinco organismos involucrados en tareas de control: el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Comisión de Valores, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el INAES.
De la misma manera, Sbatella señaló que sólo falta incorporar al esquema de control estatal de lavado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, “por la información que maneja en materia de fusiones empresarias”.
En cuanto al seguimiento en el sector de economía social, el funcionario aclaró además que a partir de las resoluciones de la UIF se abre un período de 150 días “para ir adecuando el sistema”. “Venimos de una libertad muy grande y vamos hacia la sintonía fina del sistema de controles de operaciones comerciales y financieras, para favorecer la transparencia colectiva", resumió.
Las cooperativas y mutuales deberán atenerse a partir de ahora a la resolución 11 de la UIF, que define como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas a las cooperativas que realicen operaciones de crédito; las mutuales que prestan el servicio de ayuda económica mutual; y las entidades que gestionan préstamos. Por su parte, la resolución 12 establece las medidas y procedimientos que deberán observar el INAES y los órganos locales competentes “para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo”. En ambos casos la política de prevención prevé auditorías periódicas, capacitación del personal y elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y de aquellas que se considere sospechosas.
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