El 23 de noviembre, el Gobierno abrió un listado para que los ciudadanos renunciaran voluntariamente a los subsidios de luz, agua y gas. Las primeras estimaciones extraoficiales de los funcionarios eran que 100 mil usuarios adherirían a la campaña al cabo del primer mes. Sin embargo, los resultados dan cuenta del fracaso de la medida.
A dos meses de haber puesto en marcha el “Registro de Renuncia Voluntaria al Subsidio del Estado Nacional”, sólo 21.842 usuarios del sector residencial manifestaron su decisión de rechazar los beneficios económicos estatales que percibían desde 2003 en las boletas de los servicios. Por caso, apenas el 10% de los votos que Cristina Fernández logró sólo en Lomas de Zamora en las elecciones de octubre. En promedio desistieron del beneficio en dos de los tres servicios posibles (luz, agua y gas).
El Gobierno anunció la “renuncia voluntaria” a mediados de noviembre y la instrumentó hace 60 días: la primera en sumarse fue la propia Presidenta.
Con las expectativas de que la iniciativa tenga alta adhesión, el ministro de Planificación Julio De Vido presionó a los intendentes del PJ para que logren renuncias en sus distritos. Incluso, el secretario de Obras Públicas, José López, preocupó a los lideres comunales cuando les advirtió que los fondos que la Casa Rosada destinaría a cada distrito para construir obra pública tendría una equivalencia con el ahorro en subsidios que cada uno de ellos consiga en sus territorios.
Igualmente, las presiones parecen haber caído en oídos sordos, porque en el último mes solamente dos mil personas adhirieron a la renuncia de los subsidios en los servicios básicos.
Ni los 35 mil funcionarios medios y altos que deben presentar declaración jurada todos los años se dieron de baja. La acotada lista de renuncias genera un magro ahorro en el gasto público del Gobierno. Cada usuario que se sumó a la campaña deberá pagar $ 5.000 promedio más por año, con lo cual lo que deja de aportar el Estado ascendería a $ 111 millones . Esa suma representa apenas el 0,2% del ahorro total de $ 4.847 millones que Planificación anunció que iba a obtener con la quita directa de los subsidios a Puerto Madero, Barrio Parque y barrios privados y countries de todo el país.
A partir de las boletas de este mes , tantos los ciudadanos a los que el Gobierno les quitó los subsidios como estos que renunciaron voluntariamente pagarán los tres servicios básicos con aumentos que van del 150% al 400% . Al grupo de los que abonarán la tarifa plena se suman diversos sectores industriales como, por ejemplo, las petroleras, las gasíferas y del sector agroquímico.
También con las boletas de enero, la mayoría de los vecinos de Retiro, Recoleta, Palermo, Núñez y Belgrano, de parte de San Isidro y Vicente López, recibirán los formularios que deberán completar quienes quieran mantener el beneficio. Si lo piden, el Gobierno considerará la posibilidad de mantenerlo. Quienes no respondan a la “declaración jurada de necesidad de subsidios” en 30 días, recibirán una carta documento. Si después de los dos avisos siguen sin responder, pagarán la tarifa plena.
A la hora de contabilizar cuántos se sumaron a la renuncia voluntaria, habría que añadir un dato. Quienes adhirieron, recibieron poco después un mail para que confirmaran dicha adhesión (recuérdese que, por caso, en el listado aparecieron Néstor Kirchner y Emilio Massera, lo que habla de bromistas o malintencionados). Sin embargo, quienes nunca contestaron esta confirmación figuran aún en el listado. Así, el total podría ser menor aún al publicado cada día en el sitio web del ministerio de Planificación.
La concejala Carolina Capovilla explicó en los estudios de LT10 cómo funciona “Yo Resuelvo”, la plataforma que conecta a personas que buscan trabajo con vecinos que necesitan servicios.