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El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció ayer que limitará a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones en las que participen un empresario o profesional, en el marco del plan de lucha contra la evasión fiscal con el que se busca aumentar la recaudación para achicar el déficit público, en medio de la profunda crisis que atraviesa el país.
El incumplimiento de esta restricción, que pretende impedir la utilización de dinero en negro en operaciones comerciales y que las empresas recurran a facturas falsas, será sancionado con una multa equivalente al 25% del dinero utilizado, precisó Rajoy ante el pleno del Congreso de los Diputados español.

Esta limitación ya se aplica en Italia y Francia, con un tope respectivo de 1.000 y 3.000 euros.
La norma forma parte del plan de lucha contra el fraude que aprobará el viernes el Consejo de Ministros, tras el anuncio de una polémica amnistía fiscal que pretende hacer aflorar el capital que se encuentra en paraísos fiscales o rentas no declaradas a las que se les aplicará un gravamen especial del 10%.

El Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) pretende recaudar así hasta 8.171 millones de euros en 2012 que ayudarán a cumplir la meta de déficit pactada con la Unión Europea.
La oposición critica fuertemente la amnistía fiscal, que según Rajoy es “extraordinaria y excepcional”, porque considera que es un premio a los defraudadores y cuestiona la norma que restringe el pago en efectivo porque sostiene que aun así “es más rentable” pagar la sanción que blanquear el dinero, ya que en este último caso hay que pagar el impuesto de sociedades (que grava hasta un 30% del importe) y el IVA (del 4% al 18%). En una semana de fuerte presión de los mercados con la prima de riesgo en máximos desde noviembre, Rajoy descartó ayer que España necesite ser rescatada, ahora o en el futuro, como lo han sido Grecia, Portugal e Irlanda. Aunque dejó claro que para evitarlo no queda otro camino que los recortes y reducir el déficit público al 5,3% del PBI en 2012 pactado con la UE.

“Hemos tomado el camino que nos corresponde, el de las grandes naciones en las grandes encrucijadas”, dijo Rajoy, al intervenir ante los diputados del Partido Popular que él lidera. Tras volver a cargar las culpas de la crisis a la anterior administración socialista, subrayó que ni él ni su gobierno hablan de otros países ni van “contra nadie” en el seno de la UE. De este modo, sin nombrarlos, zanjó la polémica surgida por las declaraciones de líderes como el presidente francés, Nicolás Sarkozy, o el primer ministro italiano, Mario Monti, cuestionando la solvencia de España.

En medio de la crisis más profunda desde el retorno a la democracia, con un ajuste rechazado por todos los sectores sociales, el gobierno español anunció ayer su intención de reformar el Código Penal para endurecer el castigo por actos de vandalismo en la calle, equiparándolo al terrorismo callejero. La convocatoria de actos que alteren gravemente el orden público, a través de cualquier medio, incluido internet, será considerado delito de pertenencia a organización criminal.
La medida se toma luego de los serios actos de vandalismo que se registraron semanas atrás en Barcelona y Madrid, en el marco de una huelga general que tuvo amplio acatamiento.