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El kirchnerismo volvió a imponer su mayoría anoche para dar dictamen favorable al proyecto oficial que propone declarar de interés público la fabricación y distribución del papel para diarios, y que abre la puerta para que el Estado avance sobre Papel Prensa, empresa que codirige junto al Grupo Clarín y a La Nación. El texto podrá ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados a partir de hoy, cuando el oficialismo comenzará una seguidilla de sesiones para dar sanción a todos los proyectos que tiene en agenda.

La iniciativa, refrendada por 85 firmas en un plenario de cinco comisiones, es la que el Ejecutivo envió hace poco más de un año al Congreso. No sufrió ninguna modificación. Además de establecer la declaración de interés público, en sus dos últimos artículos obliga a Papel Prensa a operar al máximo de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel, y a presentar y ejecutar cada tres años un plan de inversiones. Y advierte que si los fondos para esas inversiones son provistos en mayor cantidad por el Estado que por los otros dos socios, entonces el Estado acrecentará sus derechos políticos sobre la empresa.

“El dictamen establece un mecanismo para confiscar una empresa privada sin indemnizar a sus dueños. Si no hacen las inversiones que obliga el Estado, entonces las haría el Estado y quedaría como socio mayor”, observó el macrista Federico Pinedo al abrir la discusión en la reunión conjunta de las comisiones de Comercio; Comunicación; Libertad de Expresión; Asuntos Constitucionales; y Peticiones Poderes y Reglamentos; todas presididas por el oficialismo.

El peronista Felipe Solá fue más gráfico: “Los 39 artículos iniciales de la ley me parecen bien en casi todos los puntos. Pero desde el artículo 40 en adelante es sexo explícito. No se puede disimular. Tiene nombre y apellido”, espetó.

Todos los bloques de la oposición relacionaron el proyecto con la mala relación del Gobierno con algunos sectores de la prensa. “Estamos hablando de una decisión política de controlar el rol de los medios opositores”, sostuvo el duhaldista Eduardo Amadeo. “Debemos rechazar cualquier tipo de injerencia estatal sobre la libertad de expresión”, completó por el PJ disidente Gustavo Ferrari.

Cuatro bloques presentaron dictámenes alternativos. La UCR (con 13 firmas), el Frente Peronista (con 5), la Coalición Cívica (con 3) y Proyecto Sur (con 2). “En lugar de centrarnos en una planta con el propósito de tornarla estatal, nosotros buscamos pluralidad.

Descreemos de la intención del Gobierno”, detalló el radical Ricardo Gil Lavedra.
Además de la titular de la comisión de Comercio, Juliana Di Tullio, que condujo el debate; por el oficialismo solo habló el bonaerense Carlos ‘Cuto‘ Moreno. “No se ha escuchado una sola palabra sobre el proyecto en discusión porque estuvieron convencidos, por ese engendro del Grupo A, de que esto no se iba a llegar a discutir”, se quejó. Enfatizó además que las cámaras que agrupan a los diarios del interior respaldan la iniciativa y pidieron “salir de la trampa mortal que significa que tres diarios (incluyendo a La Razón, que en 2000 quebró y fue adquirido por el Grupo Clarín) se quedaran con todo el papel durante 30 años”.

Ningún bloque opositor acompañó al oficialismo. Tampoco la centroizquierda, que comulgaba con el proyecto y había conseguido introducir meses atrás varios cambios a la iniciativa oficial, ahora deshechos. En ese entonces el Gobierno necesitaba de los votos de otros bloques para avanzar con su agenda. Ahora el escenario es otro.